El gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió sus primeros cuatro días con un nombramiento sensible en la Agencia Nacional de Tierras. El Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026 designó como directora general a Lina María Garrido Martín, excongresista por Arauca, según reseñó Publimetro. La designación se oficializa en un momento en que la entidad arrastra una transición interna no resuelta: la salida de Juan Felipe Harman y la encargaduría temporal de Ángela Lorena Ortiz dejaban en vilo la firma de actos administrativos y la continuidad de procesos agrarios en curso.
Garrido llega con hoja de vida política y no técnica. Concejal de Arauca 2016-2019, representante a la Cámara por Cambio Radical entre 2022 y 2026 con 10.534 votos, y segunda vicepresidenta de la corporación entre 2024 y 2025, su trayectoria ha transcurrido en el Legislativo y en organizaciones de la sociedad civil como REMPOS. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político (Javeriana) y Gerencia Social (ESAP). Ese perfil contrasta con las funciones que el Decreto 2363 de 2015 y normas concordantes asignan a la dirección general: formalización, procedimientos agrarios, administración de baldíos y atención a comunidades étnicas.
La propia ANT describe a su director como la máxima autoridad de tierras de la Nación y representante legal de la entidad. No se trata de un cargo decorativo. Sobre la mesa quedan expedientes de ordenamiento social de la propiedad rural, procesos de restitución en zonas afectadas por el conflicto y la administración de baldíos en departamentos como Arauca, Catatumbo y Putumayo, regiones con presencia histórica de grupos armados y disputa por la tierra.
La primera reacción crítica no vino de la oposición. La exministra de Agricultura Jhenifer Mojica cuestionó públicamente la falta de experiencia técnica de Garrido en reforma agraria, formalización y administración de baldíos. El señalamiento es relevante porque Mojica conoce la operación de la entidad desde adentro y porque su gestión quedó asociada al catastro multipropósito y a los planes de ordenamiento territorial. La objeción no es política: es de hoja de vida.
También pesa el contexto. El terremoto en Buenaventura reportado por el mismo medio, la crisis hospitalaria en Nariño y la transición de mando obligan al nuevo gobierno a distribuir la atención de emergencias sin descuidar la gestión ordinaria. Una entidad como la ANT no puede quedar en modo aprendizaje mientras se firman resoluciones con efectos sobre terceros.
Habrá que observar tres indicadores durante los primeros noventa días. Primero, la publicación de los actos administrativos firmados por Garrido en el Diario Oficial, para verificar la continuidad de los procesos de Harman y Ortiz. Segundo, los reportes de gestión sobre formalización y baldíos que la ANT debe entregar a la Contraloría. Tercero, el equipo técnico que conforme la nueva dirección, que será la prueba real de si la idoneidad cuestionada se suple con nombramientos de carrera o si se improvisa.
El gobierno de De la Espriella arrancó con la promesa de transparencia. La dirección de la Agencia Nacional de Tierras será una de las primeras pruebas.