La llegada de 51 toneladas de ayuda humanitaria desde El Salvador al aeropuerto de Cali, como respuesta inmediata al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al suroccidente colombiano, trasciende la solidaridad básica. Representa un cambio estructural en la geopolítica de la asistencia en los Andes. Por décadas, Colombia fue el donante neto en Centroamérica, financiando programas de seguridad y desarrollo bajo la doctrina de responsabilidad hemisférica. Hoy, la inversión de flujos confirma que la capacidad estatal en la región se ha redistribuido y que la cooperación técnica ya no es unidireccional ni depende exclusivamente de Washington o Bruselas.
El presidente Nayib Bukele anunció el despacho de 100 toneladas en dos vuelos, coordinados directamente con la Cancillería colombiana y la alcaldía de Cali. Esta celeridad logística, ejecutada sin condicionamientos políticos públicos ni retórica ideológica, ofrece una lección de pragmatismo que Bogotá debería internalizar. En un momento donde la administración Petro ha priorizado la alineación diplomática con bloques extracontinentales, la respuesta eficiente de San Salvador recuerda que la vecindad geográfica y la afinidad institucional siguen siendo los mejores seguros ante desastres naturales.
Pragmatismo frente a ideología
Es inevitable comparar esta operación con la dinámica reciente de la cooperación sur-sur promovida por el actual gobierno nacional. Mientras se buscan alianzas estratégicas con regímenes cuya transparencia fiscal y respeto al Estado de derecho son cuestionables por organismos como Freedom House y la OCDE, la ayuda salvadoreña llega con estándares técnicos verificables y tiempos de respuesta medibles en horas, no en meses.
Desde una perspectiva pro-mercado e institucionalista, esto valida la tesis de que la integración regional funcional rinde más dividendos que la integración ideológica. La asistencia de México, que también confirmó el arribo de 19,5 toneladas a Pereira, y la movilización de dos millones de euros por parte de la Unión Europea, completan un ecosistema de respaldo diverso. Sin embargo, el gesto de Bukele tiene un peso simbólico particular: proviene de un mandatario que, pese a las críticas sobre concentración de poder, ha mantenido canales abiertos con el sector privado y la seguridad jurídica necesaria para movilizar recursos estatales sin burocratizar la emergencia.
Para Colombia, esto implica que la política exterior andina debe recalibrarse. No se trata de elegir entre el Atlántico y el Pacífico, o entre Washington y Brasilia, sino de reconocer que la resiliencia regional depende de la fortaleza institucional de cada eslabón. Un El Salvador capaz de responder a un sismo en Colombia es un activo de seguridad nacional; un vecino colapsado o aislado por sanciones autoimpuestas es un pasivo contingente.
Lecciones para la gestión del riesgo
La magnitud 7,4 expuso vulnerabilidades sísmicas que van más allá de la infraestructura física; revelaron la fragilidad de nuestros mecanismos de coordinación intergubernamental. Que la ayuda internacional aterrice en Cali y Pereira demuestra que las autoridades locales están actuando como nodos efectivos de recepción, supliendo en ocasiones la lentitud del nivel central. Esto refuerza la necesidad de descentralizar la gestión de riesgos y empoderar a las ciudades capitales como actores internacionales directos.
Además, la coyuntura nos obliga a revisar nuestros propios protocolos de asistencia. Si hoy recibimos apoyo, mañana deberemos estar en capacidad de retribuirlo con la misma eficiencia. La profesionalización de la fuerza pública y la modernización de la logística estatal, pilares de nuestra doctrina de defensa, deben extenderse a la diplomacia de desastres. No podemos depender permanentemente de la buena voluntad externa mientras nuestra propia maquinaria de respuesta sigue atada a ciclos políticos y restricciones presupuestales crónicas.
Finalmente, vale la pena destacar que la Unión Europea haya activado fondos casi de inmediato. Esto señala que, pese a las tensiones retóricas recientes entre Bogotá y Bruselas, los mecanismos institucionales de cooperación sobreviven a los cambios de gobierno. Es una prueba de que el Estado de derecho y los acuerdos marco son superiores a la coyuntura electoral. Mantener esos anclajes atlánticos, sumados a la renovada conexión centroamericana, es la estrategia más sensata para blindar a Colombia ante futuras crisis.
La ayuda de Bukele es bienvenida y necesaria. Pero también es un espejo. Nos muestra lo que funciona cuando la política se subordina a la técnica y la solidaridad se ejecuta con competencia estatal. Aprovechemos este envión no solo para reconstruir edificios, sino para reconstruir una política exterior andina basada en resultados, no en afinidades discursivas.