¿Puede un gobierno librar una “batalla cultural” sin dejar de ser el árbitro de todos los ciudadanos, incluidos los que piensan distinto? La pregunta no es retórica ni menor, y vuelve al primer plano con el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien designó al escritor y académico Enrique Serrano López como asesor presidencial encargado, precisamente, de darle contenido intelectual a esa contienda. El nombramiento, divulgado esta semana mediante comunicado oficial y un video elaborado con inteligencia artificial, es quizás el más revelador de los que ha hecho hasta ahora el mandatario entrante, porque define el tono ideológico que pretende imprimirle a su administración.
Conviene decir primero lo que hay que reconocer. Serrano no es un improvisado ni un propagandista de ocasión. Su trayectoria —dirección del Archivo General de la Nación entre 2019 y 2022, cátedras en el Rosario, la Javeriana, el Externado y la Sergio Arboleda, formación en filosofía y análisis político internacional— habla de un hombre de oficio intelectual, con décadas de aula a cuestas. Que un gobierno busque rodearse de gente que piensa y escribe no es, en sí mismo, una mala noticia. Tocqueville observaba que las democracias necesitan de la deliberación tanto como del voto, y un Ejecutivo que declara querer “convertir las convicciones en argumentos” está, al menos en el enunciado, suscribiendo una idea republicana sana: la de que la política se hace con razones y no solo con consignas.
Pero el enunciado tiene su letra menuda, y la letra menuda merece examen. La expresión “batalla cultural” no es neutra. Viene de una tradición que, desde Gramsci hasta la derecha identitaria contemporánea, entiende la cultura como un territorio que se conquista, no como un espacio que se comparte. Cuando un partido o un movimiento declara esa batalla desde la oposición, ejerce su libertad; cuando la declara desde la Presidencia de la República, con los recursos, la tribuna y la coerción simbólica del Estado, la ecuación cambia. Mutatis mutandis, el asesor deja de ser un intelectual entre otros y se convierte en funcionario de una causa oficial. Y ahí la pregunta se agudiza: ¿el Estado colombiano tiene causa cultural propia, distinta de la defensa del orden constitucional que ampara a todas?
La historia ofrece advertencias en ambas direcciones. Los gobiernos que renunciaron a disputar el relato —que creyeron que la administración técnica bastaba— terminaron entregando el lenguaje a sus adversarios; los que convirtieron el relato en política de Estado terminaron, casi siempre, confundiendo la nación con el gobierno de turno. Arendt lo advirtió con claridad: el totalitarismo no empieza con los campos, empieza con la pretensión de que el poder posee la verdad integral sobre la identidad de un pueblo. Colombia conoce esa tentación de cerca, y no solo desde una orilla. El gobierno saliente también intentó librar su propia batalla cultural, con ministerios convertidos en tribunas y una pedagogía oficial que dividía al país entre amigos y enemigos de la historia. Sería una ironía amarga que quienes llegaron al poder prometiendo restaurar la institucionalidad replicaran, con otro signo, el mismo vicio.
Hay además un detalle que no debería pasar inadvertido: el anuncio se hizo con un video generado por inteligencia artificial. Puede parecer una anécdota tecnológica, pero tiene su densidad. Un gobierno que dice querer “hacer razonables los debates” y “reducir la confusión” estrena a su asesor de ideas con una pieza sintética, sin rostro humano real, producida por un algoritmo. La forma es mensaje. Si la batalla cultural se va a librar con simulacros audiovisuales en lugar de con textos, debates públicos y contradecidores de carne y hueso, el proyecto nace ya con una contradicción de origen. La razón pública se construye en la exposición al desacuerdo, no en la producción de contenido.
Dicho esto, sería injusto condenar de antemano lo que apenas se anuncia. El comunicado habla de “respeto”, de “consensos sin renunciar a los principios”, de una identidad nacional “y diversa”. Son palabras que, tomadas en serio, trazan un límite: la diversidad como dato constitutivo, no como obstáculo a corregir. Si Serrano entiende su tarea como la de elevar el debate —con argumentos, con memoria histórica, con la serenidad que el propio presidente electo dice valorar—, su nombramiento puede ser una contribución. Si lo entiende como la de dotar de barniz académico a una cruzada, será un funcionario más en la larga lista de intelectuales que el poder usó y desechó.
Los colombianos debemos, entonces, hacer una apuesta exigente: juzgar esta designación no por las intenciones declaradas ni por las sospechas heredadas, sino por los actos. ¿Convocará el nuevo asesor a quienes discrepan? ¿Publicará, debatirá, someterá sus ideas al escrutinio que él mismo practicó desde la cátedra y la columna? La batalla que una nación realmente necesita no es la que se gana, sino la que se sostiene: la discusión permanente, sin vencedores finales, que Popper llamaba la sociedad abierta. Todo lo demás —oficialismo cultural de derecha o de izquierda— es la misma tentación con distinto uniforme. Y de esa tentación, conviene recordarlo, el Archivo General de la Nación guarda abundante testimonio.