¿Es posible representar con credibilidad una república cuando quien habla en su nombre ha construido un discurso público sobre supuestos fraudes electorales desmentidos, elites ocultas y amenazas invisibles? La pregunta no es retórica. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha designado como canciller a Omar Bula Escobar, cuya trayectoria en organismos multilaterales contrasta, según documenta Cambio, con una presencia mediática que coincide con narrativas propias del ecosistema conspirativo de la extrema derecha estadounidense.
La tensión central no consiste en establecer si Bula se autoidentifica con algún movimiento conspirativo organizado. Como explica el periodista e investigador de desinformación José Felipe Sarmiento, citado por Cambio, QAnon dejó de ser una organización con membresía para convertirse en lo que él denomina una “mega teoría de conspiración” cuyos fragmentos circulan de manera autónoma: el fraude electoral de 2020, las supuestas redes del “Estado profundo”, la figura de George Soros como arquitecto invisible. El problema, entonces, no sería la filiación sino el modus operandi del discurso: la sustitución de la evidencia verificable por la revelación de intenciones ocultas, la confusión sistemática entre análisis político y ficción geopolítica.
Bula no es un caso aislado en la política contemporánea. Lo particular radica en su destino institucional. La Cancillería no es un púlpito ideológico ni una cuenta de redes sociales con amplificador propio. Es el conducto mediante el cual un Estado negocia tratados, gestiona crisis regionales, construye alianzas y transmite, mutatis mutandis, una imagen de previsibilidad. Hannah Arendt advertía que el totalitarismo se alimenta de la destrucción del espacio público como ámbito de aparición de los hechos. No estamos, afortunadamente, ante ese escenario. Pero sí ante una degradación menor, más insidiosa: la normalización del lenguaje conspirativo en posiciones que requieren precisión documental.
El académico Alejandro Bohórquez-Keeney, de la Universidad Externado, recupera una tradición más larga que QAnon: el Tea Party, la John Birch Society, la desconfianza visceral hacia las instituciones como rasgo recurrente de cierta derecha estadounidense. Según cita Cambio, Bohórquez-Keeney señala que cuando alguien concibe su acción política como una cruzada salvadora de la patria, las estructuras de mediación democrática corren el riesgo de ser percibidas no como canales de resolución pacífica, sino como barreras a derribar. La observación tiene alcance colombiano. Nuestro sistema político, con sus jerarquías partidarias debilitadas y su cultura presidencialista, es particularmente vulnerable a la colonización de cargos técnicos por lógicas de movilización emocional.
El libro El Plan Maestro de Bula, publicado en 2013, ilustra esa lógica según lo reportado por Cambio. Allí planteó, sin evidencia concluyente que respalde la afirmación, una supuesta estrategia de Irán y gobiernos latinoamericanos para nuclearizar la región, con Venezuela y las FARC como actores centrales. La afirmación no resistió el escrutinio analítico. No importó: funcionó como narrativa, como relato de amenaza existencial que organiza la percepción política más allá de los datos disponibles. Ese mismo patrón, documenta Cambio, se repitió con sus publicaciones sobre el fraude electoral estadounidense de 2020, desmentido por decenas de tribunales y autoridades electorales, y con su adhesión reiterada a discursos sobre “globalismo” y agenda “woke” que integran el repertorio de la derecha radical sin necesidad de afiliación formal.
La defensa del nombramiento apelará, previsiblemente, a la libertad de expresión. Pero la distinción entre opinar y representar no es sutileza académica. Un ciudadano puede sostener que la victoria de Biden fue fraudulenta; un canciller que debe interactuar con la administración demócrata o republicana que resulte electa no goza del mismo margen sin costo para la res publica. La credibilidad diplomática se acumula con lentitud y se disipa con rapidez. Karl Popper, a quien no cito por ornamentación sino porque su sociedad abierta es precisamente lo que el discurso conspirativo erosiona, insistía en la diferencia entre la crítica racional de las instituciones y su deslegitimación sistemática mediante relatos inverosímiles.
El gobierno de la Espriella tiene derecho a orientar la política exterior hacia Washington, hacia el Escudo de las Américas, hacia la restauración de vínculos con Israel. Esas son decisiones políticas legítimas, susceptibles de debate democrático. Lo que no es legítimo sin costo es confundir la alianza estratégica con la adhesión ideológica a un repertorio discursivo que desprecia los hechos verificables. Cuando Bula se define como “Pro-West” en sus redes, según registra Cambio, no está proponiendo una política exterior: está suscribiendo una identidad de combate que incluye, necesariamente, enemigos internos y externos imaginarios.
¿Qué le queda al ciudadano que no comparte ese universo simbólico? La pregunta no se dirime en el gabinete. Se dirime en la capacidad de las instituciones para resistir la colonización de sus funciones técnicas por narrativas que, como documenta la investigación de Cambio, viajan de los foros anónimos de internet a los cargos de Estado sin escalas intermedias de verificación. El riesgo no es que Colombia se vuelva QAnon. El riesgo es que aprendamos a no distinguir, en la práctica, entre un canciller y un amplificador de teorías de la conspiración.