La Embajada de Colombia en Washington elevó una solicitud formal al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que entreguen información sobre los fundamentos de la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, capturado el 16 de junio en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado al Centro Correccional de Central Arizona Florence. Así lo reportó Caracol Radio, que publicó el comunicado de la Cancillería.
La representación diplomática pidió, además, aclarar las circunstancias de la captura, su permanencia bajo custodia y el traslado. Invocó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 para reclamar acceso consular y el respeto de las garantías sustantivas y procesales del debido proceso. Es el procedimiento estándar que cualquier gobierno debe agotar ante la detención de un connacional en el exterior.
El comunicado añade un elemento adicional: la Cancillería expresó preocupación por una publicación del senador Bernie Moreno en la red social X que, según el texto oficial, “parecería sugerir que la medida tuvo una motivación política”. En el mensaje, Moreno escribió que Coral no podía “venir a Estados Unidos, reclamar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras socava nuestra política exterior”. La atribución es del gobierno colombiano; la cita, del senador.
Sobre el estatus migratorio del activista, la organización WOLA —que acompaña el caso desde 2020— señaló a la agencia EFE que Coral tramitaba una solicitud de asilo por persecución política y amenazas de muerte en Colombia, y que contaba con permiso de trabajo vigente al momento de la captura. El Departamento de Seguridad Nacional, consultado por EFE, lo calificó de “extranjero ilegal” y sostuvo que permaneció en el país después del vencimiento de su visa. La contradicción entre el permiso laboral vigente y la caracterización de “extranjero ilegal” no ha sido aclarada por las autoridades estadounidenses, según la misma agencia.
En un audio difundido por legisladores colombianos, Coral señaló que los agentes le dijeron que la orden provenía “supuestamente” del secretario de Estado, Marco Rubio. El Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios de EFE sobre esa denuncia, según reportó Caracol Radio.
La secuencia de los hechos es la que sostiene la hipótesis de motivación política que la Cancillería plantea. Días antes de la detención, Coral participó en una protesta en Miami contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, ciudadano estadounidense y respaldado públicamente por el presidente Donald Trump. El martes por la mañana, horas antes de la captura, De la Espriella publicó en redes un guiño al subsecretario Christopher Landau, autodenominado “quitavisas”, y anticipó “buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior”.
Gimena Sánchez, directora para los Andes de WOLA, advirtió a EFE que una persona “señalada tan abiertamente” corre “un alto riesgo” si es deportada a Colombia, donde ha recibido amenazas de muerte. La organización pidió que se evalúen las garantías de seguridad antes de cualquier repatriación.
¿Qué hizo bien la Cancillería? Lo que cualquier representación diplomática debe hacer: pedir información por los canales formales, invocar la Convención de Viena y reclamar acceso consular. ¿Qué falta? Las respuestas de Washington. La solicitud está sobre la mesa; corresponde ahora esperar.
El episodio, en cualquier caso, ilustra un fenómeno que va más allá del caso individual: la intersección entre la política migratoria estadounidense y la disputa política interna colombiana. Cuando un candidato con doble nacionalidad celebra capturas en suelo estadounidense y un senador de ese país las justifica en redes sociales, el debido proceso queda sometido a una presión política que no estaba en el diseño original del procedimiento migratorio. La pregunta que el gobierno colombiano debería formular por escrito, y no en declaraciones, es si el Departamento de Estado de Estados Unidos actuó por motivos migratorios o por motivos políticos. La respuesta determinará si estamos ante una deportación o ante una retaliación. Y esa respuesta no la dará un comunicado: la dará el expediente.