Un juez de garantías envió a prisión a Victor Chalá y a cinco integrantes de su esquema de seguridad, según reportó El Tiempo. La medida de aseguramiento intramural es el primer resultado judicial concreto en la investigación por el asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia, ocurrido en un municipio donde la presencia de estructuras disidentes ha sido documentada por la fuerza pública y por organismos de control.
La decisión judicial, según la misma fuente, se apoyó en elementos que el despacho consideró suficientes para considerar a Chalá y a sus cinco acompañantes como presuntos responsables del crimen. La precisión no es retórica: hasta ahora se trataba de una hipótesis basada en la trayectoria del capturado y en su rol dentro de la estructura armada. Pasar de la hipótesis a la imputación formal exige, como mínimo, pruebas periciales, testimonios protegidos y, de ser posible, el rastreo de los autores materiales. Nada de eso reemplaza la necesidad de esclarecer quién ordenó el asesinato y cuál fue el móvil.
El expediente, sin embargo, no comienza ni termina en Tolima. Pérez fue ultimado en un territorio donde, en teoría, operan unidades militares y de policía. La pregunta que sigue abierta es por qué un periodista pudo ser localizado y asesinado en una zona bajo control nominal del Estado. Esa respuesta no la dará el proceso penal contra Chalá: la dará, o debería darla, una investigación disciplinaria de la Procuraduría y un informe de la Contraloría sobre los recursos destinados a protección de periodistas en el departamento.
El caso se inscribe en un patrón documentado por la Defensoría del Pueblo: Antioquia concentra buena parte de las alertas tempranas por amenazas a comunicadores. Los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría por demoras en la implementación de medidas y por la concentración de beneficiarios en zonas urbanas, mientras los reporteros que cubren zonas rurales dependen de decisiones discrecionales.
Hay un dato que la noticia no menciona pero que resulta indispensable: cuántos periodistas han sido asesinados en Antioquia en los últimos cinco años y cuántos de esos casos tienen sentencia ejecutoriada. Esa estadística, que debería producir el Ministerio Público, es el termómetro real de la impunidad. Sin ella, la captura de Chalá corre el riesgo de convertirse en un episodio aislado que no modifica la vulnerabilidad estructural de quien ejerce el oficio en zonas de conflicto.
La institucionalidad tiene ahora una oportunidad. Si el proceso avanza con rigor probatorio, si la Fiscalía logra individualizar a los autores materiales y si el juez garantiza el debido proceso sin dilaciones, el caso podría convertirse en un precedente disuasorio. Si, por el contrario, la defensa logra fracturar el expediente o el proceso se estanca en la etapa de juicio, el mensaje que recibirán las estructuras armadas es que el costo de silenciar a un periodista sigue siendo bajo.
Por ahora, lo único cierto es lo que reportó El Tiempo: un juez envió a prisión a Chalá y a cinco hombres de su esquema. Lo demás está por escribirse en los estrados.