La Dijín de la Policía Nacional detuvo el sábado en el peaje de Flandes, Tolima, a Jhon Édison Chalá Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá, en cumplimiento de una orden judicial. Según reportó El Colombiano, los cargos que motivaron la captura fueron terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. En el mismo procedimiento fueron detenidas otras cinco personas por porte ilegal de armas. De acuerdo con las investigaciones citadas por ese mismo medio, el capturado tendría una trayectoria cercana a diez años en las disidencias de las Farc, con paso por el frente 36 y el Estado Mayor Central Bloque Magdalena. Para 2024 habría sido cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez, y recientemente habría sido designado como cabecilla de una comisión armada en Briceño, Antioquia.
El nombre de Víctor Chalá quedó asociado al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio virtual El Confidente, de Yarumal, desaparecido el 7 de mayo en la vereda Palmichal, municipio de Briceño, cuando cubría los enfrentamientos entre disidencias y Clan del Golfo. Pérez era estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín. La captura no resuelve el expediente, pero sí estrecha el cerco sobre una estructura que, según las mismas versiones oficiales, opera con presencia territorial sostenida en el norte antioqueño.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó en su cuenta de X. Según reportó El Colombiano, el mandatario aseguró que el capturado es considerado hombre de confianza de alias Calarcá, a quien describió como protegido del presidente Gustavo Petro y máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes. Gutiérrez agregó que espera que Calarcá y alias Primo Gay corran con la misma suerte que Víctor Chalá. La afirmación del alcalde es política, no judicial, y como tal debe leerse: una pieza más en la disputa abierta entre la alcaldía de Medellín y el gobierno nacional por el rumbo de la seguridad en Antioquia.
Lo que la captura deja sobre la mesa, sin embargo, trasciende el cruce de declaraciones. Si Chalá se movía entre Tolima y Caquetá, si era cabecilla financiero de una comisión y luego responsable de otra en Briceño, la pregunta operativa es cómo una estructura con ese nivel de rotación y exposición pasó inadvertida para los dispositivos de inteligencia hasta que un peaje lo detuvo. La Dijín cumplió con la orden judicial; lo que no queda claro es por qué la alerta llegó tarde, cuando el periodista ya estaba muerto.
Hay un segundo punto que el gobierno nacional no puede eludir. Gutiérrez no es el único en señalar la existencia de una protección política sobre cabecillas del EMC. Organizaciones de víctimas, excombatientes en disidencia y prensa regional han documentado durante meses la presencia de emisarios del Estado Mayor Central en zonas donde se han suspendido operaciones militares o se han concentrado dispositivos oficiales en otros frentes. Que la afirmación provenga de un opositor no la convierte en falsa; que provenga de un aliado del gobierno tampoco la convierte en verdadera. Lo que corresponde es que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría establezcan si esa protección existió, en qué consistió y quién la ordenó.
La política de seguridad del actual gobierno se ha construido sobre tres apuestas: la ley de sometimiento, los diálogos con el EMC y la transición hacia una fuerza pública profesional. Las tres son legítimas en su diseño. Lo que no es legítimo es que, mientras se sostienen conversaciones en una mesa, cabecillas señalados de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado se desplacen por peajes del centro del país sin ser interceptados. La captura de Víctor Chalá es una buena noticia para la justicia y para la memoria de Mateo Pérez Rueda. También es un recordatorio de que la protección de cabecillas, si existió, no puede seguir tratándose como un rumor de oposición: es una hipótesis que las autoridades competentes deben investigar, con nombres, fechas y expedientes.
Antioquia no necesita más declaraciones cruzadas. Necesita resultados verificables, investigaciones abiertas y una política de seguridad que no dependa de quién gobierna en la Plaza de Bolívar.