La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional reportó la incautación de 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Cabo Matapalo, en aguas costarricenses, según publicó El Heraldo. El operativo se realizó en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de ese país y dejó tres personas capturadas en flagrancia —dos de nacionalidad colombiana y una extranjera—, además de la embarcación tipo semisumergible a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el reporte oficial, la nave zarpó de la costa pacífica colombiana con destino a Estados Unidos. La Policía señaló que no fue posible su interceptación en aguas jurisdiccionales nacionales, por lo que la ubicación e intervención se materializaron en territorio costarricense. La misma comunicación indicó que Costa Rica estaría siendo utilizada como plataforma de tránsito hacia el mercado estadounidense.
La institución reportó que el cargamento pertenecería presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que, según la versión policial, habría adquirido la droga a grupos armados organizados con presencia en Nariño y Cauca. Según El Heraldo, la afectación estimada a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes fue de aproximadamente 20 millones de dólares, y se evitó la comercialización de cerca de 6,5 millones de dosis en los mercados internacionales.
El procedimiento se realizó en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus. El Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos, sostuvo —citado por El Heraldo— que la dependencia continuará desarrollando operaciones estratégicas para combatir las distintas modalidades del narcotráfico, con énfasis en puertos, aeropuertos y corredores logísticos.
El episodio deja varias preguntas sobre la cadena de control. La primera es operativa: si la embarcación salió del Pacífico colombiano y no pudo ser interceptada en aguas nacionales, ¿cuál fue la falla de detección temprana? Un semisumergible no es un artefacto invisible; su construcción, aprovisionamiento y salida requieren infraestructura, combustible y ventanas de tiempo que, en principio, deberían ser rastreables por inteligencia naval y aérea.
La segunda es de coordinación. El hecho de que la interdicción se haya completado en aguas costarricenses confirma que los protocolos de cooperación con el OIJ funcionan, pero también muestra que Colombia está cediendo la última milla de la operación a un país vecino. Eso no es un reproche al OIJ, que cumplió; es una observación sobre la capacidad nacional para cerrar el ciclo dentro de su propia jurisdicción.
La tercera es estructural. La Policía atribuye la propiedad del cargamento al CJNG y, al mismo tiempo, señala que la droga fue adquirida a grupos armados con injerencia en Nariño y Cauca. Esa doble mención describe un modelo de negocio en el que estructuras mexicanas compran a organizaciones colombianas, lo que confirma la inserción del Pacífico nariñense y caucano en cadenas transnacionales de mayor valor agregado. ¿Es razonable pensar que las capturas en altamar, por sí solas, modifican ese modelo mientras el origen permanece intacto?
La cifra de 6,5 millones de dosis evitadas es, como todas las de este tipo, una estimación. Pero incluso si se toma con cautela, dimensiona el volumen que sigue saliendo del país: suficiente para saturar varios mercados regionales y para sostener financieramente a las organizaciones armadas que operan en el sur occidente colombiano.
El Gobierno suele presentar estos resultados como evidencia de la presión sobre las finanzas criminales. La incautación en Cabo Matapalo muestra el reverso: la presión funciona cuando hay coordinación internacional, pero el origen del problema —la producción, los laboratorios, los corredores internos— permanece intacto. Ese es, a mi juicio, el flanco que la Estrategia Esmeralda Plus debería cubrir con más intensidad.
Por ahora, el balance es el siguiente: 2,6 toneladas menos en el mercado, tres capturas y un semisumergible decomisado. El expediente, no obstante, recién empieza.