La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dio un paso que el Gobierno preferiría no ver: la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral asumió formalmente el conocimiento de la denuncia por la compra de 17 aviones de combate Gripen a la firma sueca Saab y ordenó abrir indagación previa en el ámbito penal contra el presidente Gustavo Petro. La decisión quedó consignada en el Auto de Sustanciación No. 01, radicado 7187.
La operación, anunciada en noviembre de 2025, supera los 16 billones de pesos y está catalogada como la segunda adquisición más grande del siglo en Colombia, solo por debajo del metro de Bogotá. Las primeras unidades se recibirían en 2027. El volumen del negocio explica, por sí solo, la relevancia de cualquier revisión sobre su trámite.
El auto ordena una batería de pruebas que describe con precisión la etapa preliminar. Arizabaleta requirió al Ministerio de Defensa la entrega de toda la documentación y los archivos vinculados al proceso de adquisición. Citó a declaración jurada al ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Solicitó a la Presidencia el acta de posesión y el documento que acredita el fuero constitucional del jefe de Estado. Y pidió a la Procuraduría y a la Contraloría las copias de los expedientes que esas entidades tramiten sobre el mismo negocio.
El punto más sensible del auto es la orden de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a Verónica Alcocer, primera dama, por los mismos hechos. La inclusión de Alcocer en la compulsa de copias marca un hecho político mayor: la Comisión considera que existen elementos que justifican que la justicia ordinaria examine su eventual participación en la negociación con Saab.
Vale recordar cómo opera el procedimiento. La indagación previa no implica formulación de cargos. Es la fase destinada a recaudar pruebas para decidir si hay mérito suficiente para abrir una investigación formal o archivar. En este tipo de expedientes, los tiempos suelen ser largos y los filtros, exigentes. Esa cautela procesal no le resta peso institucional al movimiento de Arizabaleta, que pone bajo escrutinio parlamentario un contrato de defensa en plena ejecución.
El expediente se inscribe en una línea de revisión que ya había cruzado fronteras. El propio artículo de Cambio recuerda que en noviembre de 2025 se solicitó a Suecia investigar la compra. La convergencia de una denuncia internacional, un pedido de copias a los organismos de control y la citación al ministro de Defensa configura un cuadro probatorio en formación. Aún no hay imputaciones. Hay, eso sí, una averiguación seria.
Desde la óptica institucional que guía a La Bitácora, la separación de poderes exige que las compras públicas de esta magnitud pasen por el tamiz del Congreso y de los organismos de control, sin blindajes políticos. La Comisión de Acusación es la instancia constitucional designada para examinar la conducta de servidores con fuero presidencial. Activar ese mecanismo, con las formalidades del caso, no equivale a una condena anticipada. Equivale a ejercer la función de control que la Carta le encomienda.
Quedan por delante semanas decisivas. La entrega de documentos del Ministerio de Defensa, la versión jurada del ministro y la respuesta de la Presidencia a la solicitud del acta de posesión marcarán el ritmo de la indagación. La compulsa de copias a la Fiscalía contra la primera dama añade una arista que el Gobierno deberá abordar, le guste o no, con los mismos estándares de transparencia que exige a cualquier otro poder del Estado.
Por ahora, el saldo es claro: un contrato de 16 billones de pesos ya tiene ojos del Congreso, de la Contraloría, de la Procuraduría y, en lo que toca con Alcocer, de la Fiscalía. La institucionalidad respondió. Que el resultado confirme o descarte irregularidades depende de lo que arroje la etapa probatoria. Lo que no corresponde, en ningún caso, es presionar a la Comisión para que archive antes de investigar.