La sentencia de cadena perpetua contra Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, dictada por un tribunal federal en Nueva York, cierra el capítulo judicial de uno de los narcotraficantes más longevos y estratégicos de la historia reciente. Su condena, tras declararse culpable en 2025, se suma a la de su exsocio Joaquín Guzmán Loera y reafirma la capacidad punitiva del sistema de justicia estadounidense. Sin embargo, para Colombia y la cuenca andina, este fallo representa más un símbolo de justicia retributiva que una solución operativa al problema de seguridad hemisférica que hoy nos afecta directamente.
Desde una perspectiva de mercado ilícito, la estructura que Zambada ayudó a consolidar funciona bajo principios de resiliencia empresarial que trascienden a sus fundadores. El Cártel de Sinaloa no es una monarquía dependiente de un caudillo, sino una federación criminal con diversificación de activos y cadenas de suministro globalizadas. La detención y posterior condena de sus líderes históricos no ha detenido la producción ni la exportación; por el contrario, ha acelerado procesos de sucesión y fragmentación que, paradójicamente, pueden aumentar la violencia en los territorios productores y de tránsito, incluyendo los corredores colombianos.
La desconexión entre justicia y oferta
Es fundamental distinguir entre el éxito judicial y la eficacia en política de seguridad. Según datos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la disponibilidad de fentanilo y cocaína en los mercados de consumo norteamericanos no ha mostrado una contracción estructural sostenida tras las capturas de alto perfil de la última década. Esto sugiere que la oferta se ha vuelto inelástica respecto a la persecución de cabecillas específicos.
Para Colombia, esta realidad es preocupante. Nuestra geografía sigue siendo pieza clave en la logística de precursores químicos y en el lavado de activos derivados de esta nueva etapa del narcotráfico mexicano. Mientras la justicia estadounidense procesa a la vieja guardia, las facciones emergentes y sus aliados locales en el Pacífico y el Catatumbo adaptan sus rutas. La condena de Zambada no desactiva los nodos financieros ni logísticos que operan desde nuestro territorio, ni reduce la demanda de servicios criminales que alimentan la economía ilegal en nuestras regiones.
Riesgos de la fragmentación criminal
La historia comparada en la región andina nos enseña que la descapitalización de mandos medios y altos sin una estrategia integral de desarticulación de redes genera efectos colaterales severos. En México, la atomización post-Zambada podría derivar en disputas territoriales más sangrientas por el control de puertos y fronteras. Ese dinamismo violento tiende a exportarse hacia los países de tránsito y producción.
En Colombia, ya observamos cómo las alianzas entre carteles mexicanos y grupos armados organizados locales son transaccionales y volátiles. Un liderazgo mexicano más joven, menos conocido y potencialmente más violento, podría buscar renegociar términos con actores criminales colombianos, generando inestabilidad en zonas donde el Estado tiene presencia limitada. La seguridad hemisférica no se garantiza únicamente con sentencias en Nueva York, sino con inteligencia financiera conjunta, control portuario efectivo y una cooperación técnica que anticipe estas mutaciones organizacionales.
Más allá del simbolismo penal
Celebrar la condena es legítimo y necesario para el Estado de derecho. No obstante, como país atlantista y socio estratégico de Washington, debemos exigir que la narrativa no se agote en el castigo individual. La política antidrogas hemisférica requiere métricas de impacto real en la reducción de flujos ilícitos y en el fortalecimiento institucional, no solo conteos de extraditados o condenados.
Mientras la oferta de drogas sintéticas siga siendo rentable y la demanda en Estados Unidos se mantenga, la sustitución de líderes será un ciclo perpetuo. Para Colombia, el verdadero indicador de éxito no será la foto de Zambada en prisión, sino la reducción de la violencia en nuestros territorios y la desarticulación efectiva de las economías criminales que lavan sus ganancias en nuestro sistema financiero. La justicia llegó para ‘El Mayo’, pero la tarea de seguridad regional apenas comienza.