A pocos días de una elección presidencial que puede redefinir la ruta de implementación del Acuerdo de Paz, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, planteó en entrevista con Cambio una advertencia que merece lectura cuidadosa. La pregunta ya no es solo política: es constitucional y, eventualmente, internacional.
La afirmación central del magistrado es de doble filo. Reconoce, por un lado, que la JEP fue creada por normas jurídicas que pueden modificarse. Y recuerda, por otro, que el ordenamiento colombiano no se reforma a la ligera. Según Ramelli, en los casos en los que se ha intentado alterar la arquitectura judicial, el alto tribunal ha activado el control previsto en el artículo 374 de la Constitución, que protege los elementos definitorios de la Carta frente a reformas que pretendan sustituirla.
El presidente de la JEP citó tres ejemplos que, en su lectura, ilustran esa línea jurisprudencial: el intento de derogar la Comisión de Acusaciones, las modificaciones al Consejo Superior de la Judicatura y la prohibición de la reelección presidencial. Se trata de antecedentes verificables en los archivos de la Corte Constitucional, no de una valoración nueva del magistrado. La observación relevante es que el mismo tipo de control podría activarse frente a cualquier propuesta que pretenda desmontar los componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El segundo eje de la entrevista es el frente internacional. Colombia es objeto de un examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) que, según la propia Fiscalía del tribunal, podría reabrirse si las obligaciones estatales de investigación y sanción se debilitan. La JEP nació precisamente como el mecanismo mediante el cual el Estado cumple, ante la comunidad internacional, su deber de perseguir a los máximos responsables del conflicto.
Ramelli fue explícito en este punto: un eventual colapso de la jurisdicción transicional no extingue la responsabilidad penal internacional del Estado, sino que la desplaza. Y agregó un dato que conviene revisar con las cifras oficiales: la JEP afirma investigar alrededor de 250.000 delitos, con cerca de 10.000 comparecientes de las extintas Farc y 5.000 de la fuerza pública, una proporción que, según el magistrado, triplica los postulados tramitados por Justicia y Paz. La cifra global de comparecientes coincide con lo que la propia JEP ha reportado en sus informes de gestión, aunque corresponde a los lectores verificar los datos en los canales institucionales antes de asumirlos como definitivos.
Sobre el cuestionamiento presupuestal, la respuesta del presidente de la JEP fue que la jurisdicción ha pasado siete auditorías de la Contraloría y ha rendido 14 informes a la Procuraduría, sin hallazgos de incidencia fiscal ni penal. Es una afirmación que puede contrastarse en los portales oficiales de ambos organismos de control. No cierra el debate sobre la eficiencia, pero sí desplaza la carga de la prueba hacia quienes sostienen que la JEP constituye un gasto sin resultados.
El cuadro que deja la entrevista es, entonces, de三点: por un lado, la modificación de la JEP enfrenta un filtro constitucional concreto; por otro, la CPI mantiene abierto un canal de seguimiento cuyo cierre depende del cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2016; por último, la discusión sobre el costo de la justicia transicional requiere datos auditables antes que consignas políticas.
La estabilidad del Acuerdo de Paz no depende de una sola institución, pero sí de la coherencia del Estado frente a los compromisos que asumió ante las víctimas y ante la comunidad internacional. Cualquier propuesta seria de reforma tendrá que atravesar los mismos controles que Ramelli recordó. Y cualquier atajo tendrá un precio verificable.