La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez por su responsabilidad penal en la estructura criminal conocida como Los 12 Apóstoles. El fallo del tribunal de segunda instancia se mantuvo sin cambios, lo que cierra una fase procesal que se extendió durante más de quince años.
Según la sentencia, Santiago Uribe fue hallado culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir, tipificados como delitos de lesa humanidad. La acusación central se vincula al asesinato de Camilo Barrientos, conductor de transporte público que laboraba en la ruta Yarumal-Campamento en Antioquia. El grupo paramilitar lo identificaba como colaborador de organizaciones guerrilleras.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la sentencia mediante redes sociales. Como reportó Caracol Radio, expresó que su familia estaba “muy abatida” y calificó el fallo de “injusto”. En su intervención pública, Uribe cuestionó la lógica probatoria del caso: señaló que un sacerdote fue inicialmente señalado como jefe de la organización pero fue absuelto, que comerciantes fueron procesados y luego exonerados, y que durante el juicio un exagente de policía confesó haber actuado bajo órdenes del mayor Meneses para conseguir sicarios, sin conexión directa con su hermano.
El abogado defensor Jaime Granados, según los reportes, acató formalmente el fallo pero mantiene su posición sobre la injusticia de la condena. Este matiz es relevante: la aceptación del pronunciamiento judicial no implica renuncia a futuras acciones legales, como solicitudes de revisión o peticiones ante instancias internacionales.
El caso de Los 12 Apóstoles representa uno de los episodios más documentados de presunta actividad paramilitar en Antioquia durante los años noventa y dos mil. La estructura fue investigada durante administraciones de gobiernos distintos, y su desarticulación fue presentada como logro de seguridad. Sin embargo, la imputación penal de responsabilidad a sus presuntos líderes ha generado controversia procesal: cambios de criterio entre instancias, absoluciones de otros acusados y debates sobre cadenas de mando reflejan la complejidad inherente a los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos hace más de dos décadas.
Desde la perspectiva institucional, la ratificación por la Corte Suprema refuerza la independencia del poder judicial frente a presiones políticas. El fallo no fue revocado ni modificado, lo que indica que los magistrados consideraron suficiente el acervo probatorio presentado. La decisión de mantener la sentencia sin cambios es un dato en sí mismo: no hubo disidencia registrada ni modificaciones en los términos de la condena.
Para la política nacional, el pronunciamiento tiene implicaciones visibles. El Centro Democrático, partido liderado por Uribe, ha centrado parte de su narrativa en la defensa de la fuerza pública y la seguridad democrática. Una condena en firme a un miembro de la familia del expresidente por paramilitarismo toca un punto sensible en esa coalición política. Simultáneamente, la ratificación judicial señala que las investigaciones sobre estructuras criminales de esa época continúan avanzando en el sistema de justicia, independientemente de afiliaciones políticas.
La pregunta que permanece abierta es si esta sentencia será el cierre definitivo del caso o si habrá nuevas impugnaciones. Mientras tanto, Santiago Uribe Vélez enfrenta una condena en firme que, según los registros judiciales, lo mantendría en el sistema penitenciario hasta 2054, salvo que acceda a beneficios de reducción de pena previstos en la ley penitenciaria.
Lo que está claro es que la Corte Suprema ha pronunciado su decisión. Corresponde ahora al sistema penitenciario ejecutar la sentencia conforme a derecho.