La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia suspendió este jueves la indagatoria de la senadora Martha Peralta Epieyú en el expediente que se sigue por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La diligencia se reanudará el próximo lunes y, mientras tanto, la congresista deberá permanecer en instalaciones de la Dijín, según lo dispuesto por la magistrada Cristina Lombana, ponente del caso.
Peralta compareció al alto tribunal acompañada por su abogado. Antes del inicio formal de la actuación, según registró Caracol Radio, manifestó estar “tranquila” y formuló una observación sobre el calendario procesal. Esa afirmación, atribuida por el medio a la propia senadora, es una pieza más del expediente y debe ser valorada por la Sala como parte del derecho de defensa, no como un juicio sobre la independencia judicial.
La medida adoptada por la Sala es una restricción transitoria de la libertad, no una detención definitiva. Su propósito declarado, según la magistrada Lombana, es garantizar la comparecencia de la investigada al momento de retomar la diligencia. La propia Sala remitió al despacho del juez de Bogotá que conoce un hábeas corpus interpuesto por la defensa de Peralta, con el propósito —reportado por Caracol Radio— de que se desestimen los argumentos del recurso. Esa respuesta institucional es pertinente: el hábeas corpus es la herramienta constitucional adecuada cuando se cuestiona una privación de la libertad, y corresponde al juez competente, no a la Sala de Instrucción, pronunciarse sobre su procedencia.
Hay tres elementos que conviene seguir de cerca en los próximos días. Primero, la definición de la situación jurídica de la senadora, una vez se reanude la indagatoria el lunes. Segundo, el trámite del hábeas corpus en Bogotá, cuyo resultado puede incidir en las condiciones de la comparecencia. Tercero, la posible apertura de investigación formal en el Congreso, si la Corte encuentra méritos para ello.
El caso UNGRD, desde que estalló en 2023, ha puesto a prueba la independencia judicial y la disposición del sistema de pesos y contrapesos. Que una investigación de esta naturaleza avance en sede penal —la Corte Suprema por fuero constitucional— no exime a las demás ramas de su responsabilidad de control. La Procuraduría debe acompañar el expediente; la Contraloría, verificar si hubo detrimento patrimonial; el Congreso, definir si corresponde levantar el fuero en escenarios futuros.
A la defensa de Peralta le asiste el derecho a agotar todos los instrumentos procesales, incluido el hábeas corpus. A la magistrada Lombana le corresponde conducir la indagatoria con apego estricto al debido proceso. Y a la opinión pública le queda una sola exigencia legítima: que las decisiones se adopten por escrito, con hechos verificables, sin presiones de calendario electoral provengan de donde provengan.