La solicitud de la Liga de Usuarios del Caribe al gobernador electo Abelardo De La Espriella para rescatar financieramente a Air-e confirma lo que los indicadores del sector venían advirtiendo: la empresa opera en cuidados intensivos. Esta coyuntura trasciende la gestión de un solo operador y se convierte en un test de estrés para la institucionalidad regional y la seguridad jurídica del mercado eléctrico colombiano. Desde una perspectiva de mercado, la intervención que se reclama no puede ser un salvavidas político sin condiciones técnicas, pues repetiría los errores de intervenciones pasadas que terminaron socializando pérdidas sin resolver las ineficiencias estructurales.
El riesgo de la intervención sin reforma estructural
La situación de Air-e refleja una patología recurrente en el Caribe colombiano: la desconexión entre la realidad tarifaria, la calidad del servicio y la capacidad de pago de los usuarios. Según reportes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las pérdidas de energía en la región han superado históricamente el promedio nacional, un indicador que combina hurto de fluido, infraestructura obsoleta y gestión comercial deficiente. Cuando una entidad como la Liga de Usuarios pide un “timonazo” financiero, está reconociendo implícitamente que el modelo actual de prestación del servicio es inviable sin inyección de recursos externos.
Sin embargo, la respuesta institucional no puede limitarse a capitalizar la empresa con fondos públicos o regionales sin exigir un plan de choque en gobernanza corporativa y reducción de pérdidas. La experiencia comparada en la región andina muestra que los rescates estatales a empresas de servicios públicos, cuando carecen de condicionalidades estrictas de desempeño, solo postergan la quiebra técnica. En Colombia, donde la confianza inversionista en el sector energético ya enfrenta vientos en contra por la incertidumbre regulatoria nacional, un rescate mal diseñado en el Caribe enviaría una señal negativa a los mercados de capitales y a los organismos multilaterales que financian la transición energética.
Implicaciones para la seguridad energética regional
El deterioro financiero de Air-e tiene implicaciones directas sobre la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista (MEM). Una empresa distribuidora insolvente acumula deuda con generadores y transmisores, creando un riesgo de contagio que puede afectar la liquidez de todo el sistema. Para la región andina y, específicamente, para la costa Caribe, esto no es un asunto contable: es un tema de seguridad nacional. La inestabilidad del suministro eléctrico frena la inversión privada, encarece la logística portuaria y limita el desarrollo de zonas francas y proyectos agroindustriales que dependen de energía confiable y competitiva.
Además, existe un componente social que no puede ignorarse desde el liberalismo económico responsable. El servicio eléctrico es un bien esencial y su colapso financiero suele traducirse en racionamientos no programados o en alzas tarifarias abruptas que golpean a los hogares más vulnerables. La solución de mercado requiere, paradójicamente, un Estado fuerte y técnicamente competente que regule con firmeza, haga cumplir los contratos y garantice que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, no a financiar ineficiencias operativas.
La oportunidad del nuevo mandato regional
El gobernador electo De La Espriella recibe esta crisis como una prueba temprana de su capacidad de gestión. Su respuesta definirá si la administración regional actúa como un garante de la sostenibilidad del servicio o como un pagador de última instancia. Lo deseable, desde una óptica pro-mercado e institucionalista, es que cualquier apoyo financiero venga atado a metas verificables de reducción de pérdidas, modernización de redes y transparencia en la contratación. También es momento de evaluar si el esquema de operadores especiales en el Caribe requiere ajustes regulatorios a nivel nacional, pues la recurrente crisis sugiere que el diseño institucional vigente no se ajusta a la realidad socioeconómica de la región.
Colombia no puede permitirse que la Costa Caribe siga siendo el eslabón débil de su seguridad energética. Resolver la crisis de Air-e exige pragmatismo económico y rigor técnico, alejándose tanto del populismo tarifario como de la indiferencia ante el fallo del mercado. La estabilidad del norte del país depende de que la próxima administración regional entienda que salvar a la empresa es, en realidad, salvar la credibilidad del Estado como regulador y la viabilidad del Caribe como destino de inversión.