La protección de ecosistemas estratégicos en Colombia sigue un patrón repetido: se convocan actores, se firman actas de intención, se publican comunicados sobre “trabajo coordinado”. Luego, cuando el foco mediático se desvanece, la ejecución se estanca.
El caso de la Cuchilla del San Juan en Risaralda no es excepción. Según reportó El Diario, la región intenta articular a fundaciones ambientales, autoridades locales y comunidades para proteger lo que describe como un “tesoro natural”. La premisa es correcta: la conservación funciona mejor cuando hay múltiples actores. El problema es que en Colombia esa coordinación casi nunca traduce en recursos, competencias definidas y responsabilidades claras.
Risaralda es territorio de confluencia. Allí se solapan jurisdicciones de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), municipios con haciendas ganaderas, pequeños propietarios, y cada vez más presencia de capitales especulativos sobre tierra. Proteger una cuchilla —línea divisoria de aguas— requiere control sobre esos usos del suelo. Y eso no se logra con buenas intenciones.
La pregunta que no aparece en los comunicados de coordinación es elemental: ¿quién financia? Las fundaciones aportan diagnósticos. Las autoridades ambientales tienen competencia legal pero presupuestos crónicamente insuficientes. Las comunidades tienen territorio pero rara vez tienen poder de decisión sobre qué se hace en él. Cuando no hay dinero asignado, la “protección” se reduce a vigilancia voluntaria, que es frágil y dependiente del ánimo político del momento.
Tampoco está claro cuál es el instrumento legal que respalda esta iniciativa. ¿Se trata de un área protegida regional? ¿De una zona de reserva forestal? ¿De un acuerdo de conservación privada? Los instrumentos disponibles en la legislación ambiental colombiana son variados, pero cada uno tiene alcances diferentes y exigencias distintas. Sin definición clara del mecanismo, la coalición puede terminar siendo un foro de diálogo sin poder vinculante.
La experiencia de otras regiones muestra que cuando hay claridad sobre financiamiento y competencias, los resultados mejoran. El Magdalena Medio, por ejemplo, ha avanzado en protección de bosques porque hubo inversión específica de fundaciones internacionales combinada con decretos municipales que restringieron ciertos usos. Pero eso requirió años de negociación y dinero real.
En Risaralda, la Cuchilla del San Juan está bajo presión. Es zona de transición entre la cordillera central y el valle del Cauca, con biodiversidad alta y presión por expansión agrícola y ganadera. Protegerla no es un lujo ambiental: es una inversión en regulación hídrica, que afecta a municipios aguas abajo. Eso debería traducirse en presupuesto departamental y nacional, no solo en coordinación voluntaria.
Lo que hace falta es que alguien nombre el costo. ¿Cuánto cuesta mantener esa cuchilla bajo protección efectiva? ¿Quién lo paga? ¿Por cuántos años? ¿Qué pasa si el gobierno cambia y decide reasignar recursos? Esas preguntas son incómodas, pero son las que separan la retórica de la acción.
La coalición entre fundaciones, autoridades y comunidades es necesaria. Pero no es suficiente. Risaralda necesita que esa alianza se traduzca en un plan con presupuesto, responsables identificados, y mecanismos de verificación. De lo contrario, la Cuchilla del San Juan seguirá siendo un “tesoro natural” en riesgo, protegido solo en los comunicados de prensa.