Abelardo De La Espriella presentó su declaración juramentada de bienes y rentas como nuevo presidente de la República, documento que fue dado a conocer por la revista Cambio y replicado por El País de Cali. El reporte consigna un patrimonio líquido de $10.493.242.000, pasivos por $102.726.000 y cero pesos en cuenta de ahorros. No aparecen inmuebles, inversiones, empresas ni participación en juntas directivas. Tampoco registra cónyuge ni compañero permanente, pese a que el propio presidente ha dicho en público que lleva más de veinte años casado con Ana Lucía Pineda y que tiene cuatro hijos.
La omisión del vínculo matrimonial es, por sí sola, un dato que merece explicación. Si Pineda es primera dama y el propio gobierno lo ha presentado como tal, lo razonable es que esa condición figure en el formulario de conflictos de intereses. No hacerlo no es una irregularidad automática, pero sí una inconsistencia documental que cualquier organismo de control podría pedir aclarar.
El segundo punto sensible es la ausencia total de conexión patrimonial con las empresas que llevan su apellido. El reporte indica que De La Espriella no figura como representante legal ni como socio visible de De La Espriella Lawyers, Ron Defensor, Cosenza, De La Espriella Style ni del restaurante Místico en Miami. Lo que sí registra el formulario, según la información publicada por El País, es que Lilian María Pineda, hermana melliza de la primera dama, aparece como representante legal suplente de De La Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. La coincidencia familiar en una sociedad que lleva el nombre del presidente no prueba nada por sí misma, pero sí obliga a una lectura cuidadosa.
Tercero, los aportes de campaña. La certificación firmada por el contador Alfonso Soler Casteblanco, del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria, señala que durante primera y segunda vuelta no se recibieron aportes propios del candidato. Un candidato que reporta un patrimonio superior a los diez mil millones de pesos y que no aporta a su propia campaña es, cuando menos, un dato atípico en la historia electoral reciente. No hay insinuación de irregularidad: la certificación existe y está firmada. Pero el contraste entre patrimonio personal y financiamiento externo merece, por transparencia, una explicación pública.
La obligación de declarar existe desde 2019, cuando se estableció que todos los funcionarios y servidores públicos deben divulgar su situación patrimonial como mecanismo de transparencia. Antes, De La Espriella no estaba obligado. Ahora sí. Y la primera declaración de un presidente marca el estándar de cómo se entiende la relación entre poder y dinero.
Una columna no es un juzgado. Pero una declaración juramentada es, por definición, un documento bajo juramento. Lo que el formulario dice y lo que la vida pública del declarante muestra deberían coincidir. Cuando no coinciden, la respuesta no puede ser el silencio: tiene que ser la aclaración, con nombres, cifras y fechas. La Contraloría, la Procuraduría y, eventualmente, la Fiscalía tienen la palabra si algún ciudadano considera que hay mérito para indagar. Por ahora, lo único cierto es lo que el propio documento consigna: diez mil millones de patrimonio, cero inversiones declaradas, cero inmuebles, cero vínculo conyugal registrado y un rosario de empresas con su apellido que, formalmente, no son suyas.
La transparencia no se cumple llenando un formulario. Se cumple cuando lo declarado resiste el cruce con la realidad.