La Defensora del Pueblo, Iris Marín, le escribió al presidente electo Abelardo de la Espriella. No fue un saludo protocolar. Fue un inventario de nueve puntos donde la funcionaria advierte que propuestas anunciadas por el próximo gobierno podrían comprometer derechos fundamentales. El hecho de que la misiva exista, y que se conozca públicamente, ya dice algo sobre el tono que viene.
Vale la pena recorrer los puntos uno por uno, porque cada uno toca un nervio institucional distinto.
En materia de libertad de prensa, Marín recordó que el Ejecutivo puede disentir, pedir aclaraciones y cuestionar información, pero no le corresponde “calificar quién es periodista y quién no lo es”. La frase no es retórica: define un límite. Cuando un gobierno incurre en esa práctica, según la jurisprudencia interamericana, compromete el artículo 13 de la Convención.
Sobre protesta social, la Defensora cuestionó el anuncio de reactivar el Esmad para contener disturbios y trajo a colación el protocolo que la Corte Suprema de Justicia ordenó adoptar para el proceder de la fuerza pública en manifestaciones. La pregunta operativa es si el nuevo gobierno va a acatar ese protocolo o va a reabrir el debate. La diferencia no es semántica: define si Colombia mantiene el estándar interamericano.
El capítulo de oposición es el más políticamente incómodo. Marín recordó que en el portal de Defensores de la Patria se lee el compromiso de garantizar derechos a la oposición, pero señaló que la advertencia del presidente electo a Iván Cepeda sobre “no estimular la violencia” “parece infundada”. Atribuir sin base señalamientos de esa gravedad a un dirigente de oposición es, como mínimo, un error político. Y como máximo, un intento de estigmatización.
En designaciones, la carta advierte sobre el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, citando publicaciones previas con expresiones ofensivas contra medios, periodistas y oposición. La UNP protege precisamente a quienes serían blanco de esas expresiones. La coherencia aquí importa.
En derechos humanos e implementación del Acuerdo de Paz, la Defensora advirtió que sería “desaconsejable constitucionalmente” eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, o desacelerar la implementación. Son dos competencias distintas. Eliminar una Consejería es decisión política; suspender compromisos del Acuerdo es otra cosa, con efectos en jurisdicciones especiales y en comunidades.
En derechos étnicos, Marín cuestionó la eventual derogatoria de decretos que crearon Entidades Territoriales Indígenas. No se trata de un tema menor: estas entidades son el desarrollo del artículo 246 y del reconocimiento constitucional de Colombia como nación diversa.
En ambiente y seguridad, la carta pidió que la decisión de retomar fumigación aérea y fracking respete los derechos de pueblos étnicos y la jurisprudencia constitucional. Ya existen sentencias de la Corte Constitucional que han condicionado el fracking a estándares ambientales y de consulta previa. La Defensora, en los hechos, le está recordando ese marco.
La mención sobre educación pluralista, citando posiciones de la ministra designada que podrían adherirse a una religión particular, choca con el artículo 67 de la Constitución. Y el punto sobre colombianos en el exterior, víctimas de xenofobia, interpela directamente al Ejecutivo en su política migratoria y consular.
Cierro con lo institucional. La Defensoría del Pueblo no es un actor político: es un órgano constitucional independiente. Cuando su titular le envía al presidente electo una carta de nueve puntos, lo que está haciendo es trazar la línea entre mayoría electoral y Estado de derecho. El próximo gobierno puede gobernar con el mandato que recibió en las urnas. Pero no puede gobernar contra la Constitución. Esa diferencia, que a veces parece técnica, es la que define si una democracia sobrevive a su propia polarización.
La carta termina con una oferta: colaboración “armónica” para resolver problemas de derechos humanos. Es el gesto que convierte la advertencia en una invitación al diálogo. Ojalá el gobierno entrante la lea como tal.