La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, radicó este miércoles una denuncia penal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro. La acompaña su abogado Wilson Ruiz, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque. El escrito incluye, según lo expuesto por el defensor, los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria, calumnia y tráfico de influencias, como reportó La Nación de Neiva.
El segundo movimiento procesal se dirige a la Fiscalía General de la Nación. Ruiz anunció que allí se denunciará a personas que, en sus palabras, “presuntamente son miembros del DNI, o Dirección Nacional de Inteligencia”, y que serían las autoras de las amenazas contra Rodríguez y otros servidores públicos. La denuncia se radicará en paralelo, lo que abre dos carriles investigativos: uno político-constitucional ante la Comisión de Acusación y uno penal ordinario ante la Fiscalía.
El detonante, según la propia Rodríguez, son las publicaciones del presidente en redes sociales que habrían afectado su reputación. La denunciante aseguró, en declaraciones recogidas por La Nación, que el jefe de Estado habría involucrado datos de su historia clínica en sus publicaciones, una afirmación que corresponde a lo que sostiene la denunciante y que está pendiente de verificación judicial. Al momento de la radicación, la funcionaria declaró que no ha recibido respaldo presidencial. Por su parte, Ruiz señaló que esa difusión configuraría, a juicio de la defensa, una presunta violación del secreto profesional y un daño moral.
La denuncia añade un ingrediente institucional sensible: la mención del DNI. Si la Fiscalía abre indagación preliminar y vincula a agentes de esa Dirección, el caso podría pasar de una disputa política entre el Palacio de Nariño y una exdirectora del Dapre a una investigación sobre el presunto uso de recursos de inteligencia con fines que la denuncia califica de personales.
Rodríguez también anunció que no descarta acudir a instancias internacionales si la justicia colombiana no actúa, y confirmó contactos con el equipo del candidato Abelardo De La Espriella, quien, según dijo la denunciante, le habría ofrecido garantías de protección a partir del 7 de agosto en caso de posesionarse. Criticó además el esquema de seguridad asignado por la UNP y aseguró que tuvo que recurrir a la Policía Nacional para reforzar su protección.
Tres observaciones proceden.
Primera, la Comisión de Acusación tiene competencia exclusiva para investigar y juzgar al presidente en ejercicio por los hechos denunciados que tengan carácter de delito cometido en el ejercicio de sus funciones. La radicación no implica apertura formal de investigación: corresponde a la mesa directiva evaluar la admisibilidad y designar un representante investigador, si hay mérito.
Segunda, la denuncia penal ante la Fiscalía por las presuntas actuaciones del DNI es independiente del fuero presidencial. Esa ruta avanza sin necesidad del Congreso y, si prospera, podría derivar en imputaciones a terceros sin fuero especial.
Tercera, si se comprobara judicialmente que el presidente difundió información clínica de una funcionaria, el caso plantearía un conflicto entre la libertad de expresión del jefe de Estado y los derechos fundamentales de la afectada. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que las publicaciones en redes sociales de altos funcionarios no están exentas de responsabilidad cuando afectan honra, intimidad o datos sensibles. Por ahora se trata de una hipótesis planteada por la denunciante y su defensa, que deberá ser evaluada por las autoridades competentes.
El caso llega en un momento de alta polarización y a pocas semanas del cambio de gobierno. La pregunta que deja esta denuncia es si la Comisión de Acusación, históricamente lenta, logrará fijar un cronograma público para el expediente, o si la investigación quedará atrapada en la transición presidencial. Cualquier decisión de archivo o de impulso, en uno u otro sentido, quedará documentada.
Como reportó La Nación de Neiva, la denuncia se presentó este miércoles en Bogotá y la Fiscalía recibirá en los próximos días el escrito penal complementario.