La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia penal por presuntas irregularidades en los acuerdos entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la compra de predios destinados a la reforma agraria. El director de la ANT, Juan Felipe Harman, respondió con un video en sus redes sociales en el que defendió el proceso. La noticia fue reportada por El Heraldo.
Según El Heraldo, Harman sostuvo que el convenio con la SAE “ha sido auditado jurídicamente y fiscalmente” y que “reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales” para mostrar su eficacia. El funcionario agregó que los pagos de la ANT a la SAE operan como un fondo de garantía frente a decisiones judiciales sobre las fincas: en caso de un revés jurídico, se devolvería el equivalente en dinero y no la tierra, con el propósito de preservar la situación jurídica de los campesinos. En el mismo video, Harman envió un mensaje al gobierno electo en el que preguntó si la pretensión sería, en sus palabras, devolverle la tierra a la mafia y deshacer los compromisos de recuperación de activos.
Hay varios elementos que merecen revisión pública.
Primero, la denuncia penal en curso. Hasta ahora no se conocen públicamente los hechos específicos denunciados, los posibles responsables ni los tipos penales invocados. La sola existencia de la denuncia no implica responsabilidad de nadie, pero sí obliga a la ANT a entregar documentación completa sobre cada contrato, cada predio y cada pago realizado bajo el convenio. ¿Qué hechos concretos motivaron la radicación? ¿A qué servidores públicos o contratistas sindican? Sin respuestas, el expediente es invisible y la opinión pública queda a merced del relato.
Segundo, el esquema de pagos descrito por Harman. Si la ANT transfirió recursos a la SAE antes de que los procesos judiciales sobre los predios estuvieran cerrados, el mecanismo funciona como una operación fiduciaria con recursos públicos. En ese caso, los contratos deberían especificar quién custodia los recursos, bajo qué condiciones se devuelven y qué ocurre con los campesinos si la SAE no cumple. La trazabilidad de esos fondos es verificable en Secop II y debería ser pública. ¿Cuántos predios se han adquirido bajo esta modalidad? ¿Cuál es el monto total transferido? ¿Cuántos procesos judiciales sobre esos predios siguen abiertos?
Tercero, el lenguaje utilizado. Cuando un funcionario público afirma que una investigación penal busca, en su lectura, regresarle la tierra a la mafia, el debate se traslada del terreno técnico al emocional. ¿Responde esa narrativa las preguntas de fondo que motivaron la denuncia? La ciudadanía tiene derecho a conocer los números, los predios y los procesos, no solo el relato.
La reforma agraria es uno de los compromisos más sensibles del gobierno y cualquier irregularidad en su ejecución debe investigarse con rigor. También debe documentarse con rigor la gestión cuando esta sea correcta. Por ahora, lo único cierto es que existe una denuncia penal en trámite y que el director de la ANT ha defendido públicamente el convenio. La Fiscalía deberá establecer si hay mérito para abrir investigación formal.
Mientras tanto, el gobierno electo haría bien en revisar cada contrato del convenio ANT-SAE antes de pronunciarse, en lugar de responder con consignas. La tierra de los campesinos no puede ser moneda de cambio de ningún debate político.