La descentralización es un debate legítimo en Colombia. Desde hace décadas, académicos y funcionarios discuten cómo distribuir competencias entre la Nación y los territorios. Pero ese debate no puede resolverse con optimismo retórico.
Eduardo Verano de la Rosa propone que el espíritu que debe guiar este proceso sea “profundamente optimista” porque, según su argumento, “no estamos redistribuyendo escasez, sino ampliando las capacidades territoriales”. La premisa suena atractiva. En teoría, es cierto: descentralizar bien significa fortalecer gobiernos locales, no debilitarlos.
El problema es que Colombia no vive en teoría.
Desde la Constitución de 1991, el país ha transferido competencias a municipios y departamentos sin transferir siempre los recursos correspondientes. La Ley 715 de 2001 estableció un sistema de participaciones que, según reportes de la Contraloría General de la República, ha generado desfases permanentes entre lo que se transfiere y lo que cuesta ejecutar. Los gobiernos locales heredan obligaciones sin presupuesto suficiente.
En salud, por ejemplo, los municipios asumieron responsabilidades de cobertura mientras que la financiación creció por debajo de la inflación. En educación, ocurrió algo similar. Los alcaldes terminan endeudados o recortando servicios. Eso no es ampliación de capacidades. Es transferencia de crisis.
Verano tiene razón en un punto: una nación fuerte necesita regiones fuertes. Pero eso exige tres cosas que su columna no menciona.
Primero, claridad en las competencias. Hoy existen grises. Hay servicios que comparten Nación, departamentos y municipios, lo que genera duplicación, conflictos de responsabilidad y rendición de cuentas difusa. La Corte Constitucional ha tenido que intervenir repetidas veces para establecer quién es responsable de qué. Eso no es eficiencia.
Segundo, recursos garantizados. Transferir competencias sin fondos es trasladar el problema. Si se descentraliza educación, salud o infraestructura, debe venir con presupuesto multianual, no con promesas. Los municipios necesitan certeza fiscal para planificar.
Tercero, capacidad institucional. No todos los gobiernos locales tienen la misma sofisticación administrativa. Algunos municipios pequeños carecen de personal capacitado, sistemas de información, o capacidad de gestión. Transferirles competencias complejas sin acompañamiento es condenarlos al fracaso.
Cuando se revisan los datos de ejecución presupuestal en territorios, la foto es mixta. Hay municipios que han mejorado significativamente su gestión. Otros acumulan vigencias sin gastar, no por falta de necesidad sino por falta de capacidad. La Contraloría ha documentado casos de contratación deficiente, interventorías débiles y supervisión insuficiente en gobiernos locales.
El optimismo es útil para motivar. Pero la política pública se construye con números, no con sentimientos.
La pregunta que debería guiar este debate no es si descentralizar es bueno (lo es), sino cómo descentralizar sin que las regiones queden más frágiles. Eso requiere diagnósticos rigurosos, transferencias de recursos explícitas, fortalecimiento de capacidades y, sobre todo, un pacto fiscal que sea sostenible.
Mientras tanto, el optimismo sin estructura es solo una frase bonita que los alcaldes no pueden pagar con esperanza.