La detención del periodista Ali Lmrabet en el aeropuerto de Tánger, tras dos décadas de residencia entre España y Francia, no es un incidente aislado de seguridad pública. Es un mensaje político calculado. Las autoridades marroquíes le imputan un presunto “atentado contra una autoridad constitucional”, una figura penal elástica que los regímenes del Magreb suelen utilizar para neutralizar voces críticas sin recurrir abiertamente a delitos de opinión. Para los observadores de las relaciones hemisféricas, este caso trasciende la biografía de un disidente: ilustra la tensión estructural entre la estabilidad geopolítica que Europa necesita y el deterioro institucional que tolera en sus vecinos del sur.
El costo de la estabilidad para Europa
Marruecos se ha consolidado como un socio indispensable para la seguridad europea y la gestión migratoria. Sin embargo, esta dependencia estratégica ha generado una asimetría peligrosa. Cuando un Estado aliado utiliza el aparato judicial para perseguir a periodistas que residen legalmente en territorio europeo, se erosiona la base de confianza necesaria para cualquier asociación de largo plazo. La Unión Europea y España enfrentan un dilema recurrente: priorizar la cooperación en fronteras y energía, o condicionarla al respeto por el Estado de derecho.
La experiencia comparada en la región andina nos ofrece lecciones relevantes. En Colombia hemos visto cómo la impunidad judicial y la instrumentalización de la justicia terminan deslegitimando instituciones enteras, con costos económicos medibles en riesgo país y fuga de capitales. Marruecos no es Venezuela ni Nicaragua, y su economía está mucho más integrada a los mercados globales. Pero la señal que envía al detener a un ciudadano con residencia europea es similar: la ley se aplica de manera selectiva según la conveniencia política. Para los inversionistas y socios comerciales, la previsibilidad jurídica es tan importante como la seguridad física. Un sistema donde los tribunales funcionan como brazo ejecutor del poder político introduce un riesgo sistémico que ninguna ventaja arancelaria puede compensar indefinidamente.
Dilemas para la diplomacia colombiana
Aunque la detención de Lmrabet es un asunto bilateral entre Marruecos y España, tiene resonancia en nuestra política exterior. Colombia mantiene una relación atlantista que valora la democracia liberal y el comercio basado en reglas. Nuestro eje Bogotá-Washington-Brasilia se fundamenta en la premisa de que la estabilidad duradera requiere instituciones fuertes, no solo líderes fuertes. Cuando un aliado tradicional de Occidente en el norte de África muestra signos de regresión autoritaria, se debilita el argumento de que la cooperación con regímenes iliberales es un mal menor necesario.
Además, el caso plantea interrogantes sobre la protección consular y los derechos de residentes en el exterior. Si un periodista con doble vínculo europeo puede ser detenido bajo cargos vagos al pisar suelo marroquí, ¿qué garantías tienen los ciudadanos colombianos en jurisdicciones con sistemas judiciales menos independientes? La diplomacia colombiana debe ser consecuente con sus principios institucionales. Defender el Estado de derecho no es un lujo retórico para foros multilaterales; es una condición de seguridad para nuestros nacionales y para la credibilidad de nuestra política exterior.
La soberanía como escudo
El gobierno marroquí probablemente argumentará que se trata de un asunto de soberanía nacional y jurisdicción interna. Es un reflejo que conocemos bien en América Latina: la invocación de la no intervención para blindar prácticas domesticas cuestionables. Mi escepticismo es doble. Rechazo las intervenciones externas que buscan imponer modelos desde fuera, especialmente cuando provienen de actores que no respetan esos estándares en casa. Pero soy igualmente escéptico de la soberanía cuando se usa como coartada para violar derechos civiles básicos de personas que han ejercido su libertad de expresión en marcos democráticos.
La comunidad internacional, y particularmente los socios comerciales de Marruecos, no pueden lavarse las manos apelando a la jurisdicción local. El libre comercio y la cooperación atlántica no son suicidios morales. Exigir debido proceso y transparencia en casos como el de Lmrabet no es injerencia; es la defensa del marco normativo que hace posible la relación misma. Si Europa y sus aliados latinoamericanos aceptan que la justicia sea un instrumento de represión en nombre de la estabilidad, eventualmente descubrirán que han perdido ambas.