El sábado 6 de junio, un sicario asesinó al periodista Cristian Herrera frente a su casa, en Cúcuta, delante de su esposa, su hija y una amiga de la familia. La Fiscalía investiga el móvil y, hasta ahora, la línea más firme apunta al ejercicio profesional de la víctima, según reconstruyó su viuda, Karla Niño, en entrevista con Blu Radio, citada por Publimetro.
Herrera cubría orden público y judiciales en Cúcuta y Norte de Santander. Sobre el contexto que rodeaba su trabajo, Niño sostuvo en Blu Radio, según registró Publimetro, que la región donde se movía su esposo acumulaba hechos violentos, bandas y problemas de toda clase, y que él los cubría en su totalidad. Añadió que, por esa razón, las amenazas habían sido una constante durante los 24 años de matrimonio.
El relato aporta un dato que la opinión pública no puede dejar de lado: la familia ya había sido desplazada una vez por amenazas. En 2004, cuando Herrera trabajaba con La Opinión de Cúcuta, desconocidos los interceptaron en un puente y le dijeron que lo iban a matar, según declaró Niño. La respuesta fue un exilio en Chile de más de un año. Volvieron. Siguieron informando. Veinte años después, un hombre armado lo esperaba a la salida de una diligencia doméstica —habían ido por retenedores de ortodoncia y a comprar aguacates—.
Hay tres frentes que esta columna debe registrar con nombres propios.
Primero, el sistema de protección. La Unidad Nacional de Protección (UNP) existe desde 2000 y ha sido reformada en sucesivas ocasiones, incluyendo cambios recientes en su estructura administrativa. Si Herrera contaba con esquema de seguridad, como sugiere el testimonio de su esposa —que indica que había escoltas en la casa y que el propio periodista les pidió no salir esa noche—, corresponde a la Fiscalía y a la UNP precisar públicamente de cuántos hombres disponía el esquema, qué medidas habían sido aprobadas, y bajo qué criterios se ajusta o se mantiene. La respuesta a esas preguntas es pública y exigible.
Segundo, la concentración geográfica del riesgo. Cubrir bandas criminales, redes de corrupción y disputas territoriales en una zona de frontera como Cúcuta y Norte de Santander no es un capricho profesional: es un servicio público que el Estado debería facilitar, no penalizar con el silencio de los informantes. Cuando un informante desaparece, lo que se pierde es la posibilidad de que la sociedad conozca lo que ocurre en su propio territorio. La pregunta que cabe hacerse es si Colombia cuenta con una política diferenciada de protección para periodistas de frontera, o si los protocolos de la UNP son los mismos de Bogotá.
Tercero, el patrón de impunidad. Colombia ha avanzado en el reconocimiento formal de la libertad de prensa como derecho y en la tipificación de los delitos contra periodistas, pero las condenas por el asesinato de comunicadores siguen siendo la excepción, no la regla. La Fiscalía debe informar, en el menor tiempo posible, qué línea investigativa privilegia, qué hipótesis maneja sobre los autores materiales y, sobre todo, sobre los intelectuales. Las amenazas documentadas durante 24 años deberían obrar como punto de partida, no como contexto decorativo.
Niño pidió a las autoridades esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales. Esa petición es un reclamo legítimo que el Ministerio Público, la Fiscalía y, en lo que corresponda, la Jurisdicción Especial para la Paz deben atender con la misma seriedad con la que se investigan otros delitos de alto impacto. ¿Está preparada la institucionalidad para que la investigación de un asesinato cometido en 2026 avance más rápido que las que llevan años archivadas?
La prensa de Cúcuta, y la prensa regional en general, no puede seguir funcionando bajo la lógica de la lotería: quien cubre el tema equivocado, en el momento equivocado, paga con su vida. Ese no es el país que dice defender la libertad de expresión; es el país que la concede en el papel y la revoca en la calle.
La muerte de Cristian Herrera no admite más dilaciones. Colombia le debe, a él y a su familia, una investigación que llegue hasta el final y un sistema de protección que deje de ser, en la práctica, un salvavidas con huecos.