El Gobierno amplió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante el Decreto 419 de 2023, incorporando 10.159 empleados entre 2022 y 2026. La entidad pasó de 11.741 a más de 21.900 funcionarios. El documento de justificación citaba tres objetivos: mejorar el recaudo tributario, reducir la evasión fiscal y el contrabando, y modernizar tecnológicamente la estructura.
Cuatro años después, esos objetivos permanecen sin cumplirse de manera proporcional al tamaño de la inversión en personal. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el recaudo tributario neto se mantiene alrededor del 14,5% del PIB, una cifra similar al promedio histórico de las últimas décadas. No hay variaciones relevantes que justifiquen una expansión de esa magnitud.
Los números que reporta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal son elocuentes. En 2024, el recaudo neto alcanzó 280,3 billones de pesos, aproximadamente 10 billones por debajo de la meta que fijó el Ministerio de Hacienda. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señaló que el resultado pudo haber sido peor. El Plan Financiero presentado a principios de 2025 proyectaba 298,8 billones, lo que habría representado un desfase cercano a 30 billones.
El desempeño de 2026 no mejora la tendencia. A corte de abril, el recaudo neto se ubicaba en 92,6 billones de pesos, un desfase de 3,3 billones frente a la meta de 95,9 billones proyectada en el Plan Financiero. La trayectoria es clara: más empleados, resultados proporcionalmente menores.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, formuló la pregunta central que el país se hace: “Si hay más personas trabajando, ¿por qué no recaudan más? Eso creo que se lo tienen que explicar al país”. La DIAN ha argumentado que los funcionarios aún están en curva de aprendizaje. Salazar, según reportes, calificó el avance como “una promesa que va a un ritmo muy lento” y advirtió que si el plan continúa a este ritmo, “va camino a ser llamado un fracaso”.
El problema fiscal es estructural. Según el Observatorio Fiscal, el déficit fiscal cerró en 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 5,1% para este año. El déficit primario —que excluye el pago de intereses de deuda— alcanzó 3,5% del PIB en 2024, uno de los niveles más altos entre países comparables. Esa presión obliga al Estado a buscar ingresos que no llegan.
Existen factores que dificultan mejorar el recaudo más allá de la cantidad de empleados: corrupción fiscal, contrabando e intereses económicos que limitan el impacto de una mayor planta de personal. La DIAN enfrenta obstáculos que no se resuelven contratando más gente.
El crecimiento real en el gasto de personal del Estado se disparó 11,1% durante este gobierno, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, una cifra que no se veía desde 2012, cuando alcanzó 11,5%. La cartera de Hacienda pasó de 15.000 empleados a cerca de 25.000 entre 2022 y 2026, jalonada principalmente por la expansión de la DIAN.
El Gobierno fijó una meta oficial de recaudo de 291 billones de pesos para 2026, equivalentes a 14,6% del PIB. Salazar considera que esa meta luce más realista frente al tamaño actual de la economía, pero advierte sobre el riesgo de que las proyecciones vuelvan a modificarse al alza en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, como ha ocurrido en años anteriores.
La lección es incómoda: invertir en burocracia no es sinónimo de eficiencia fiscal. La DIAN necesita no solo más personal, sino reformas que ataquen estructuralmente la evasión, el contrabando y la corrupción. Mientras eso no ocurra, cada nuevo empleado será un costo cuyo retorno permanece en duda. Como reportó La Opinión, el estancamiento del recaudo pese a la expansión plantea una pregunta que el Gobierno debe responder: ¿qué ha fallado en la ejecución de un plan que prometía resultados concretos?