La confianza en las estadísticas oficiales es un bien público tan crítico como la seguridad jurídica o la estabilidad fiscal. Cuando los agentes económicos, desde los inversionistas extranjeros hasta los hogares colombianos, pierden la certeza sobre los indicadores básicos del mercado laboral, el costo no es solo académico; se traduce en primas de riesgo más altas, decisiones de asignación de capital postergadas y políticas públicas diseñadas sobre espejismos. La reciente controversia entre la Universidad de Antioquia (UdeA) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la creación de empleo formal no es una disputa técnica menor. Es una señal de alerta sobre la calidad de la información que sustenta nuestra toma de decisiones económicas en un momento de alta vulnerabilidad externa.
Una divergencia que supera el margen de error
El núcleo del debate reside en una discrepancia difícil de asimilar. Mientras el Dane reporta la generación de 814.000 empleos formales en el último año, un cruce de datos realizado por investigadores de la UdeA con los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) sugiere una destrucción neta de 170.000 puestos. No estamos hablando de matices decimales ni de ajustes estacionales menores. Es una brecha de casi un millón de ocupaciones que separa la narrativa oficial de la realidad administrativa de la seguridad social.
Desde una perspectiva de mercado, esta anomalía enciende todas las alarmas. La Ley de Okun, que establece una relación empírica entre crecimiento económico y empleo, parece haberse roto en Colombia. Con un Producto Interno Bruto (PIB) creciendo a tasas modestas, cercanas al 1,6 % según las estimaciones recientes, resulta contraintuitivo observar un dinamismo laboral tan exuberante. En economías de mercado abiertas, la productividad y la ocupación suelen moverse en tandem con la actividad económica. Cuando se desacoplan de manera tan abrupta sin una explicación estructural clara, la sospecha de errores metodológicos o de medición desplaza al optimismo.
Para los inversionistas institucionales y las calificadoras de riesgo, la consistencia de los datos es tan importante como el dato mismo. Si la PILA, que refleja flujos financieros reales de aportes a salud y pensiones, muestra contracción mientras la encuesta de hogares muestra expansión, surge una pregunta incómoda: ¿estamos midiendo empleo productivo o estamos capturando informalidad disfrazada o subocupación en las encuestas? La respuesta a este interrogante define si la recuperación del consumo interno es sostenible o si es un fenómeno estadístico.
La defensa técnica y la necesidad de auditoría
Es justo reconocer que la directora del Dane, Piedad Urdinola, ha presentado argumentos técnicos sólidos. La entidad sostiene que comparar la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) con la PILA equivale a mezclar peras con manzanas. La GEIH aplica estándares de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo que definen la formalidad no solo por el pago de seguridad social, sino por las características de la unidad económica. Además, la PILA incluye cotizantes no ocupados como pensionados y estudiantes, lo que podría subestimar la verdadera ocupación.
También es válido el argumento sobre el rezago del mercado laboral. Las nóminas son rígidas a la baja y las empresas tardan en ajustar sus plantas ante desaceleraciones económicas, lo que explica por qué el empleo puede resistir temporalmente un PIB débil. Sin embargo, la magnitud de la divergencia actual supera los rezagos históricos observados en ciclos anteriores. La explicación metodológica, aunque correcta en teoría, no logra cerrar la brecha de percepción en la práctica.
Aquí es donde la institucionalidad debe prevalecer sobre la defensa corporativa. En un entorno democrático y de mercado, la credibilidad estadística no se decreta ni se defiende únicamente con explicaciones verbales; se valida con transparencia. La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) ha pedido acertadamente una hoja de ruta conjunta para contrastar datos. Esta solicitud no debe leerse como un ataque político, sino como un mecanismo de aseguramiento de calidad necesario.
El costo de la incertidumbre estadística
Para Colombia, que busca profundizar su integración comercial con Estados Unidos y la Unión Europea, la calidad de la información es un activo estratégico. Nuestros socios comerciales y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos basan sus proyecciones y condicionalidades en estas cifras. Si la base de datos nacional pierde robustez, se debilita nuestra capacidad de negociación y de acceso a financiamiento en condiciones favorables.
La solución no pasa por deslegitimar al Dane, cuya autonomía técnica ha sido una conquista institucional valiosa tras décadas de manipulación política en otras latitudes regionales. Tampoco consiste en aceptar ciegamente cifras que chocan contra la intuición de los agentes que pagan nómina y seguridad social. El camino intermedio es la validación independiente. Una auditoría técnica externa, posiblemente con acompañamiento de pares internacionales o de la propia Organización Internacional del Trabajo, podría ofrecer la tercera vía que resuelva la discrepancia.
Mientras tanto, la prudencia dicta que los analistas y formuladores de política deben trabajar con rangos de estimación más amplios y considerar ambos indicadores como cotas superior e inferior de la realidad laboral. Ignorar la señal de la PILA sería un error tan grave como descartar la GEIH. En medio de la incertidumbre global, la claridad de nuestros datos internos es el único ancla que nos permite navegar con rumbo fijo. Perderla es un lujo que la economía colombiana no puede permitirse.