A nueve días de la segunda vuelta del 21 de junio, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) reportó que un hombre, al que la entidad vinculó de manera preliminar a una campaña presidencial, intimidó a un grupo de docentes y generó zozobra entre menores en una escuela rural de la vereda El Guayabo, municipio de Valparaíso, suroccidente antioqueño. La UIAP solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación inmediata y enmarcó los hechos en un patrón de violencia política que, según la entidad, se ha recrudecido en la recta final hacia las urnas. La denuncia fue consignada en un comunicado institucional recogido por La Opinión de Cúcuta.
El comunicado, citado por La Opinión, sostiene que los hechos no serían aislados: harían parte de una secuencia de intimidaciones y señalamientos contra comunidades, líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final, agudizada con la campaña hacia el balotaje. La directora de la UIAP, Gloria Cuartas, fue citada por ese mismo medio: “Ninguna campaña electoral puede ejercerse a costa de la seguridad y la dignidad de quienes construyen la paz en los territorios”. La funcionaria recordó que el Acuerdo tiene rango constitucional y que los derechos políticos de los firmantes están blindados por el Acto Legislativo 02 de 2017.
El comunicado omitió un dato sensible: a cuál de las dos campañas pertenecería el señalado. La omisión es relevante porque la segunda vuelta enfrenta a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el abogado Abelardo de la Espriella, y la defensa del Acuerdo de Paz es, según la lectura de los dos programas consignada por La Opinión, una de las líneas que los separa. El mismo medio reportó que Cepeda propone profundizar la implementación y fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mientras que De la Espriella, ganador de la primera vuelta del 31 de mayo —cifra que, según La Opinión, fue del 43,7%—, representa la postura más crítica de ese proceso. La decisión de no nombrar a la campaña a la que se imputaría la militancia del agresor protege la prueba, pero deja una pregunta que la opinión pública tiene derecho a hacerse.
La UIAP es una entidad adscrita al Gobierno de Gustavo Petro y, según consta en el reporte de La Opinión, ya había alertado antes a las altas cortes por mensajes que, a su juicio, estigmatizan a los excombatientes, una población golpeada por la violencia desde 2016. Esa trayectoria institucional obliga a leer sus denuncias con atención, pero también con la cautela que merece una entidad dependiente del Ejecutivo en plena campaña.
El episodio de Valparaíso se inscribe en un mapa de riesgo que las autoridades electorales ya venían trazando. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), citada por La Opinión, el 57% de las acciones de violencia registradas en esta campaña se concentra en cuatro territorios: Antioquia, Norte de Santander, Bogotá y Santander. Antioquia, además de ser uno de los departamentos con mayor presencia de grupos armados ilegales, ha sido el que más alertas ha recibido en este ciclo, según el mismo reporte.
La Unidad les pidió a varias entidades actuar de inmediato: a la Fiscalía, abrir investigación penal; a la Procuraduría, las averiguaciones disciplinarias; y a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, activar los mecanismos de protección. También reclamó a los dos candidatos un gesto explícito: rechazar en público cualquier acto de intimidación cometido en nombre de sus campañas.
Sobre ese último punto recae la cuestión de fondo. Si la UIAP tiene indicios de que el agresor estaría vinculado a una de las dos campañas, la Fiscalía debería individualizarlo y, si los elementos lo sustentan, formular imputación. Denunciar un patrón sin aportar el nombre de la campaña a la que pertenecería el señalado abre la puerta a que la denuncia se diluya en el fragor electoral. Y la falta de respuesta pública, cuando hay menores y docentes amedrentados en una escuela rural, no puede convertirse en estrategia.
La investigación penal que se avecina establecerá si se trató de un militante orgánico, un simpatizante o alguien sin vínculo con las campañas. Hasta que eso ocurra, lo razonable es que la UIAP entregue a la Fiscalía todos los elementos recaudados y que los dos comandos repudien los hechos sin condicionamientos. La intimidación a un docente en una escuela rural no admite matices electorales: o se condena, o se tolera.