Bogotá registró una nueva muerte vinculada a un procedimiento estético practicado fuera del sistema de salud habilitado. Según reportó El Nuevo Día, Adriana Manotas, de 52 años, falleció tras complicaciones derivadas de una intervención realizada en una vivienda del barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda, en hechos confirmados por la administración distrital.
El caso reproduce el patrón que describen los reportes periodísticos de los últimos años sobre este tipo de episodios. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el inmueble no figuraba registrado como Institución Prestadora de Servicios de Salud, carecía de identificación visible y la persona señalada como responsable del lugar no estaría habilitada como profesional del área. El procedimiento, además, habría sido quirúrgico, lo que lo ubicaría por fuera de cualquier excepción contemplada para intervenciones ambulatorias menores.
Tras conocerse el hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la Alcaldía colaborará con la Fiscalía y la Policía para esclarecer lo ocurrido, según registró El Nuevo Día. El llamado a la ciudadanía se apoyó en dos instrumentos de verificación pública: el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETUS). Ambos son consultables en línea por cualquier persona antes de someterse a una intervención.
La pregunta de fondo, sin embargo, no es solo de pedagogía. Es de capacidad institucional. Si en una ciudad con secretaría de salud, cuatro subdirecciones de vigilancia y un modelo de inspección basado en quejas siguen operando viviendas que ofrecen procedimientos invasivos, el problema no se resuelve con un comunicado: requiere detección activa, sellamientos oportunos y seguimiento.
El Distrito no ha precisado, hasta ahora, cuántas inspecciones se realizaron en la localidad de Puente Aranda durante el último año ni cuántas IPS no habilitadas han sido cerradas en ese mismo período. Esa información es la que permitiría evaluar si la respuesta es proporcional a un fenómeno que, según los reportes de prensa de los últimos tres años, se ha vuelto recurrente en Bogotá, Medellín y Cali.
La investigación penal en curso deberá establecer quién realizó el procedimiento, bajo qué título y con qué sustancias. Un video de una cámara de seguridad, divulgado por medios nacionales y recogido por El Nuevo Día, registra el momento en que varias personas retiran a la paciente del inmueble para trasladarla a una sede de la Cruz Roja, donde falleció pese a la atención recibida. Esa grabación, junto con los registros de cámaras del sector y los testimonios de quienes acompañaron a Manotas, será determinante para identificar a los responsables.
Mientras avanza la investigación, queda un dato que el Distrito debería hacer público sin demora: cuántas denuncias por establecimientos clandestinos de estética se recibieron en 2025 y en lo corrido de 2026, y cuántas terminaron en cierre efectivo. Sin esa cifra, el llamado a denunciar se queda en consigna.
La estética clandestina no es un problema nuevo ni exclusivo de Bogotá. Pero cada muerte como la de Adriana Manotas recuerda que la informalidad en salud no es solo un riesgo laboral o comercial: es un riesgo vital, y el Estado tiene herramientas para reducirlo. Lo que falta es la decisión de usarlas con la misma velocidad con la que se emiten los comunicados de prensa.