La inauguración de la Central de Transformación y Beneficio de Café Jorge Villamil en Pereira marca un hito en la estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros. Se trata de una decisión que trasciende la infraestructura convencional y toca aspectos críticos de política económica sectorial: el control de la cadena de valor, la rentabilidad del productor y, inevitablemente, la competencia en el mercado de servicios de beneficio.
Durante quince años cubriendo decisiones de inversión pública y privada en Medellín, aprendí a distinguir entre anuncios de intención y cambios estructurales. Esta central representa lo segundo. La Federación de Cafeteros, que históricamente actuó como gremio de representación, ha transitado progresivamente hacia la operación directa de activos productivos. Eso no es neutral.
El argumento oficial es conocido: mejorar el ingreso del caficultor mediante la captura de márgenes que antes quedaban en manos de intermediarios privados. Sobre el papel, la lógica es atractiva. En la práctica, requiere escrutinio. Cuando una organización gremial se convierte también en operador de infraestructura de beneficio, emerge una pregunta incómoda: ¿en qué momento la defensa de los intereses del productor se subordina a la rentabilidad de la operación propia?
La Federación no es una empresa privada sujeta a disciplina de mercado. Sus decisiones de inversión, fijación de tarifas y asignación de capacidad no están sometidas a los mismos mecanismos de transparencia que rigen para el sector privado. No existe un Secop II donde se publiquen los criterios de contratación de servicios complementarios. No hay reportes trimestrales de eficiencia operativa disponibles al público. La rendición de cuentas existe, pero opera en un registro distinto al de una central privada de beneficio.
Esto genera un escenario donde la Federación puede, legítimamente, priorizar a sus afiliados en la asignación de capacidad de procesamiento. Eso es lógico desde su misión. Pero también significa que productores no afiliados o que prefieran trabajar con operadores privados competidores enfrentarán un actor que es simultáneamente su competidor y, en ciertos contextos, su regulador gremial de facto.
El modelo no es nuevo en el sector agrario colombiano. Cooperativas lecheras, asociaciones arroceras y gremios ganaderos han incursionado en operación de infraestructura. Algunos casos han funcionado con eficiencia. Otros han derivado en ineficiencia operativa, sobrecostos y captura de rentas por parte de directivas.
Lo que distingue este caso es la escala. La Federación de Cafeteros no es una cooperativa de productores medianos. Es la organización gremial más grande del sector, con capacidad de influencia sobre política pública, acceso preferente a crédito de desarrollo y legitimidad institucional que ningún competidor privado posee. Cuando una organización de esa envergadura entra en operación de infraestructura crítica, el riesgo de distorsión de mercado aumenta.
Las preguntas que debería responder la Federación de manera pública son directas: ¿cuál será la tarifa de beneficio en esta central comparada con el promedio del mercado privado? ¿Cómo se asignará la capacidad entre productores afiliados y no afiliados? ¿Qué mecanismo de apelación existe si un productor considera que la tarifa o la asignación de cupo es discriminatoria? ¿Cuál es el plan de rentabilidad del activo y qué ocurre si opera con pérdidas?
Estas no son preguntas hostiles. Son preguntas que cualquier operador privado de una central de beneficio debería poder responder sin dificultad. La Federación, que actúa en un espacio de autoridad gremial, debería tener aún mayor claridad.
El gobierno actual ha promovido expansión de actores estatales y paraestatales en sectores que antes operaban bajo lógica de mercado. Esa es una decisión política legítima, pero requiere compensación mediante transparencia radical. La Federación no es estatal, pero tampoco es privada. Ocupa un espacio híbrido que demanda, precisamente por eso, estándares de divulgación de información superiores a los de ambos sectores.
La central de Pereira puede ser una buena inversión. Pero su éxito no se mide solo en toneladas procesadas o márgenes capturados. Se mide en si logra mejorar ingresos del productor sin generar distorsiones que terminen perjudicando la competencia en beneficio y, con ella, la eficiencia del sector. Eso requiere datos públicos, no solo anuncios.