La Fiscalía General de la Nación fijó para el 10 de agosto la audiencia de imputación de cargos contra Diego Cancino, exviceministro del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro. El delito a formular, según reportó Vanguardia, es acto sexual violento, figura tipificada en el Código Penal colombiano.
El expediente se originó en la denuncia de una excontratista del Ministerio del Interior. De acuerdo con la versión publicada por Vanguardia, los hechos denunciados habrían ocurrido en octubre de 2024, cuando el contrato de la mujer con esa cartera se acercaba a su vencimiento. Según el relato consignado en la denuncia, la denunciante contactó a Cancino —fuera ya del viceministerio y, de acuerdo con lo afirmado por ella, próximo a presidir la Sociedad de Activos Especiales (SAE)— para explorar alternativas laborales tras enviarle su hoja de vida.
Vanguardia también publicó que la denunciante sostuvo que el exviceministro la invitó a una reunión en su apartamento, a la que ella asistió con su hija menor. La niña se retiró después con su abuela, según el mismo relato. La denunciante afirmó haber compartido almuerzo y vino con Cancino, y que al finalizar el encuentro él habría realizado tocamientos e intentado besarla sin su consentimiento, conducta que ella rechazó expresándole su interés en mantener una relación estrictamente profesional.
La audiencia del 10 de agosto será la primera decisión formal del ente acusador dentro del proceso. Como recordó el propio medio, esta etapa procesal no equivale a una declaración de responsabilidad penal: es la formulación jurídica de la acusación con base en los elementos de prueba recaudados. La determinación sobre la existencia del tipo penal corresponde al juez de conocimiento, tras la contradicción probatoria y el ejercicio pleno de la defensa.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa dos cuestiones que esta columna ha documentado en las últimas semanas. La primera es la utilización de antiguos vínculos con el poder político como canal de búsqueda laboral: la denunciante era contratista del Ministerio del Interior, una modalidad de vinculación que en Colombia carece de estabilidad pero facilita el acceso a redes informales de contacto con exfuncionarios. La SAE, entidad que administra bienes vinculados a procesos de extinción de dominio y que según la denuncia Cancino estaba próximo a presidir, concentra un volumen significativo de contratos y operadores.
La segunda cuestión es la duración del proceso. Entre los hechos denunciados (octubre de 2024) y la programación de la imputación (agosto de 2026) median aproximadamente veintiún meses. Vanguardia no informó sobre las razones de esa extensión, y la Fiscalía no ha detallado públicamente los motivos. El dato es relevante: la jurisprudencia constitucional ha sido insistente en que los delitos de naturaleza sexual no pueden tramitarse con los ritmos ordinarios del Código de Procedimiento Penal, dado el impacto diferenciado sobre las víctimas y el riesgo de revictimización.
La presunción de inocencia ampara a Cancino hasta que exista sentencia ejecutoriada en su contra. La imputación, sin embargo, no es un trámite neutro: es la comunicación oficial de que el ente acusador estima que existe fundamentación suficiente para llevar el caso ante un juez. A partir del 10 de agosto, la defensa del exviceministro podrá controvertir cada uno de los elementos de prueba.
Este expediente se suma al de Jorge Alfredo Vargas, sobre el cual Vanguardia también informó que la Fiscalía solicitó imputación por presunto acoso sexual. ¿Qué dice el patrón sobre los filtros de idoneidad para cargos de alto perfil en el actual gobierno? ¿Qué protocolos institucionales existen para atender denuncias de violencia sexual sin filtraciones que comprometan a las víctimas? Son preguntas que el caso individual no resuelve, pero que la reiteración del fenómeno vuelve inevitables.
Por ahora, lo que corresponde es aguardar la audiencia del 10 de agosto y verificar qué pruebas presenta la Fiscalía. El periodismo serio consigna los hechos, atribuye las afirmaciones a sus fuentes y se abstiene de adelantar veredictos. Eso es lo mínimo que merece un expediente de esta gravedad.