La Fiscalía General de la Nación prepara una nueva audiencia de imputación contra Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Según reportó La Nación de Neiva, los delitos que se le atribuirían de manera preliminar son enriquecimiento ilícito y fraude procesal, ambos asociados a un pago cercano al millón de dólares que, según la hipótesis del ente acusador, habría sido entregado por la constructora brasileña Odebrecht para financiar una encuesta política. De acuerdo con la misma información, ese ingreso no habría sido registrado ante las autoridades electorales, aun cuando la campaña habría accedido después a recursos del Estado por concepto de reposición de votos.
El caso reabre una línea que permanecía pendiente dentro del expediente Odebrecht en Colombia. Prieto ya había sido condenado a cinco años de prisión tras aceptar haber ejercido presión ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en favor de intereses vinculados al proyecto Ruta del Sol. Aquel proceso, documentado por la Fiscalía y los organismos de control, es distinto al que ahora se anuncia: lo que se investiga es la trazabilidad de los aportes a la campaña de 2014 y la forma como se oficializaron sus cuentas.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, el origen de esta nueva imputación estaría en la información recopilada durante las pesquisas transnacionales sobre los pagos irregulares de Odebrecht en América Latina. La constructora brasileña, recordemos, reconoció ante autoridades de Estados Unidos, Brasil y Colombia haber desembolsado sobornos en al menos doce países de la región. En Colombia, los pagos habrían tenido como destino, entre otros, campañas políticas, funcionarios de la ANI y operadores del sector transporte.
Hay tres elementos que conviene mirar con atención.
Primero, el tipo penal. El enriquecimiento ilícito exige demostrar un incremento patrimonial no justificado; el fraude procesal, una actuación orientada a inducir a error a un servidor público o a un juez. La Fiscalía, según la nota de La Nación, considera que la omisión del reporte ante el Consejo Nacional Electoral o ante la entonces Registraduría habría permitido que la campaña accediera a la reposición de votos con base en cuentas que no reflejaban la totalidad de los ingresos. Si esa hipótesis se sostiene en la audiencia, no se trataría de un simple incumplimiento contable, sino de un posible mecanismo para obtener recursos del Estado.
Segundo, la conexión con Odebrecht. El expediente regional de la constructora brasileña incluye declaraciones de exdirectivos, entre ellos Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares, que habrían detallado la estructura de pagos en Colombia. Cualquier imputación que se soporte en esa línea tendrá que articular esos testimonios con los registros contables de la campaña y con los movimientos financieros de Prieto. La cadena de prueba, en estos casos, suele ser el punto más débil.
Tercero, el precedente. La condena de Prieto por el caso Ruta del Sol ya demostró que la Fiscalía puede llevar a juicio y obtener sentencia aceptada por el implicado. Pero aquel proceso fue por tráfico de influencias; este sería por manejo de recursos de campaña. Son figuras distintas, con sujetos pasivos distintos: en un caso, la ANI; en el otro, el sistema electoral y el erario.
La defensa de Prieto, según se ha conocido en otros expedientes, ha sostenido que los recursos recibidos correspondían a actividades lícitas de consultoría política. Esa línea argumental tendrá que enfrentarse ahora a la hipótesis fiscal sobre el origen Odebrecht del millón de dólares.
La audiencia de imputación no es un juicio. Es el acto formal en el que la Fiscalía comunica los hechos y los delitos por los cuales investigará a una persona. A partir de allí, el proceso puede archivarse, formularse acusación o, eventualmente, derivar en una colaboración con la justicia. Lo que sí queda claro es que el expediente Odebrecht en Colombia sigue abierto y que la financiación de campañas de 2014 vuelve a quedar bajo la lupa de los jueces.
Por ahora, lo razonable es esperar la audiencia y leer con cuidado los cargos concretos que se leen en el expediente, no en los titulares.