Entre las 6:11 de la mañana y las 5:30 de la tarde del miércoles 17 de junio, la Secretaría de Movilidad de Bogotá documentó, según el seguimiento en vivo de Publimetro, una cadena de al menos doce incidentes de tránsito superpuestos a una marcha política en la Avenida NQS con calle 57, en sentido sur–norte, con afectación total de dos carriles de la calzada.
El inventario, reportado por el mismo medio, describe una secuencia que comenzó en la Autopista Norte a la altura de la calle 192, en Suba, con un choque entre un camión y un motociclista, y se extendió durante la mañana a la Avenida Caracas con calle 35 Sur, la Autopista al Llano, la Avenida Suba con Calle 129, la Avenida El Dorado con carrera 95, la Avenida Boyacá entre carrera 15 y calle 73, y la vía Bogotá–La Calera al kilómetro 5. A mediodía se sumó un tractocamión varado en Kennedy, sobre la Avenida Ciudad de Cali con calle 10, y una falla de semaforización en la carrera 10 con calle 2, restablecida según el reporte oficial hacia las 12:31 p. m. La jornada cerró con un choque múltiple en la Avenida El Dorado con carrera 31, en Teusaquillo. A esa suma se agregó el pico y placa para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
La pregunta de fondo es operativa. Cuando en un solo día coinciden fallas eléctricas en la red de semáforos, vehículos varados en puntos neurálgicos, siniestros consecutivos y una movilización que ocupa dos carriles de una arteria troncal, ¿qué plan de contingencia tiene la ciudad? La Secretaría de Movilidad reacciona con el Grupo Guía y los Agentes Civiles, instrumentos valiosos pero que, según el registro de la jornada, resultaron insuficientes cuando el sistema vial completó su capacidad.
Hay un segundo componente que merece atención institucional. La marcha en la NQS no fue un imprevisto climático ni un accidente mecánico: fue, como reportó Publimetro, una “movilización ciudadana en apoyo a un candidato presidencial”. En una democracia la protesta es un derecho y la marcha un instrumento legítimo. Pero cuando la administración distrital carece de rutas de desvío previamente socializadas, de articulación con los organizadores y de un protocolo claro de tiempos para la ocupación de corredores troncales, el costo lo pagan los usuarios del transporte público y los particulares que nada tienen que ver con la convocatoria.
La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental de la protesta como herramienta de presión política, y lo reiteramos. La marcha sobre la NQS, en plena hora pico de la tarde, merece una pregunta institucional: ¿se cumplieron los protocolos de coordinación previstos en el decreto que regula estas actividades en Bogotá? Corresponde a la administración distrital y al Ministerio Público responderla con base en los partes de la propia Secretaría de Movilidad, no en comunicados reactivos.
Mientras tanto, el contraste entre la fragilidad documentada del sistema de movilidad y la decisión de afectar una arteria troncal en hora pico resulta elocuente. La ciudad no puede seguir dependiendo de la suerte de que los accidentes no coincidan con las marchas, ni de que los semáforos no fallen el mismo día en que un tractocamión queda varado en Kennedy. La Secretaría de Movilidad debe presentar, en el menor plazo posible, un informe técnico con tiempos de respuesta, kilómetros de congestión acumulada y balance de la jornada.
La movilidad bogotana requiere decisiones técnicas, no comunicación de crisis.