La Defensoría del Pueblo expidió la Alerta Temprana 013 de 2026 sobre Maicao y zonas aledañas de La Guajira, en la que advierte un posible escalamiento de la violencia por la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y su intención de establecer control territorial y de rentas ilegales.
El documento, reportado por Caracol Radio, señala que la disputa se daría en un escenario ya saturado: en la zona hacen presencia el ELN y la Segunda Marquetalia, además de bandas criminales locales que, según la Defensoría, “podrían entrar también en la confrontación o convertirse en subordinados” de alguno de los grupos armados. La conjunción de tres factores —frontera con Venezuela, corredor de movilidad de personas y bienes, y economías lícitas e ilícitas— convierte a Maicao en un punto crítico de control.
La alerta identifica como poblaciones en riesgo a comunidades indígenas de los resguardos Okochi y Wopumuin Junain Maikou, cuya ubicación geográfica los ubicaría en la línea de disputa entre las estructuras armadas. La Defensoría también menciona los homicidios registrados en lo corrido de 2026 como indicador de un cuadro que ya venía deteriorándose.
La Alerta Temprana 013 plantea al menos 18 recomendaciones a distintas autoridades. Entre los riesgos puntuales que busca prevenir están el reclutamiento infantil, el desplazamiento forzado y el debilitamiento de la investigación judicial sobre las estructuras criminales.
Tres consideraciones editoriales.
Primero, la alerta llega cuando el gobierno nacional sostiene una política de “paz total” que, según reiteradas lecturas de la Defensoría y de la Contraloría, no ha producido resultados verificables en zonas con presencia simultánea de múltiples grupos armados. La Guajira es uno de esos laboratorios. Si la política de negociación coexiste con la expansión territorial de las ACSN, el resultado no es paz sino fragmentación.
Segundo, el componente fronterizo es estructural y no se resuelve con operativos militares aislados. Maicao opera como nodo de contrabando, tráfico de personas y circulación de armas desde y hacia Venezuela. Cualquier respuesta que ignore la dimensión binacional será paliativa.
Tercero, la protección de los resguardos indígenas exige una ruta específica. No basta con recomendaciones generales: la Defensoría debería exigir cronogramas, responsables identificables y reportes trimestrales de cumplimiento, como los que ya se aplican en otros escenarios de alerta temprana.
La institucionalidad colombiana cuenta con instrumentos para actuar. La pregunta es si el gobierno central, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Maicao están dispuestos a usarlos antes de que la alerta se convierta en crisis humanitaria.