El gobierno de Gustavo Petro concluye con un cuadro fiscal que merece ser leído sin anteojos ideológicos. Según reportó La República, la nómina estatal quedó aproximadamente 22 billones de pesos más cara respecto al inicio de la administración, mientras la deuda pública cerró en niveles que presionan el servicio de la deuda y comprometen el próximo cuatrienio.
La cifra no es menor. Un crecimiento de la nómina de esa magnitud en cuatro años implica, en la práctica, menor espacio para inversión, rigideces presupuestales adicionales y un esfuerzo tributario futuro que, en cualquier escenario, terminará trasladándose al contribuyente o al recorte de otras partidas. La discusión de fondo no es si el Estado debe contratar más personal —eso depende de la calidad del gasto—, sino si cada uno de los nuevos cargos responde a una necesidad técnica acreditada o si fue usado como instrumento de expansión clientelar.
A ese frente se suma el sistema de salud. El mismo reporte de La República documenta un aumento del 17,9% en las tutelas relacionadas con servicios de salud durante el período, indicador que suele correlacionarse con barreras crecientes de acceso, demoras en autorizaciones y conflictos entre actores del sistema. La reforma a la salud prometida por el gobierno naufragó en el Congreso y, según el balance del medio citado, dejó a pacientes, prestadores y entidades promotoras en un limbo regulatorio que se traduce, en última instancia, en más acciones de tutela y más judicialización de derechos que deberían garantizarse por la vía administrativa.
Conviene detenerse en el método. La República contrastó los datos de la última vigencia con los del inicio de la administración, lo que permite aislar el efecto de la pandemia y de choques externos. Aun con ese filtro, los números son los números: la masa salarial del Estado creció a un ritmo superior al de los ingresos corrientes y el número de tutelas en salud, en lugar de caer como prometió la entonces candidata y luego presidenta en distintos escenarios, se incrementó de forma sostenida.
Para una administración que hizo bandera de la justicia social y del fortalecimiento de lo público, el resultado es contradictorio. Un Estado más grande pero menos eficaz, con más servidores pero menor capacidad de respuesta, y con un sistema de salud que, lejos de desjudicializarse, se judicializa más. La expansión del gasto no se tradujo en mejores indicadores de acceso ni en reducción de la conflictividad legal alrededor del derecho a la salud.
El próximo gobierno recibirá, además de un panorama fiscal apretado, una serie de expedientes abiertos: la reforma a la salud que deberá presentarse de nuevo, las mesas de negociación con prestadores y EPS, y la necesidad de recomponer una carrera administrativa que, según los datos consignados por La República, perdió proporción respecto a la inversión de capital. Cada uno de esos frentes exigirá decisión política y, sobre todo, disciplina presupuestal.
No se trata de satanizar el gasto público. Se trata de recordar que todo peso gastado implica un peso no ahorrado, no invertido en infraestructura o no devuelto al ciudadano vía menor presión tributaria. Cuando la nómina crece por encima de la inflación y del crecimiento económico real, y cuando las tutelas en salud suben cerca de un 18%, la señal es clara: el Estado se hizo más grande, pero no necesariamente más cercano.
La Bitácora ya ha señalado que el deterioro institucional no es patrimonio de un solo partido. Pero los datos que entrega el cierre de este gobierno configuran un punto de partida que el próximo presidente, sea del color que sea, tendrá que encarar con transparencia técnica y sin cosmética retórica.