El 20 de junio vence el plazo. Si el Congreso no corrige los vicios formales que la Corte Constitucional encontró en la ley de creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la cartera dejará de existir. No es una hipótesis: el Gobierno ya activó un cronograma interno de cierre, con entrega de bienes, informes de gestión y paz y salvos entre el 17 y el 19 de junio, según reportó Portafolio a partir de una circular interna revelada por El Tiempo.
La génesis del problema es de procedimiento. El alto tribunal declaró inexequible la norma por fallas en el análisis y en el aval fiscal exigidos para crear un ministerio. La revisión presupuestal es un requisito de trámite, no una discusión de conveniencia política. Al no satisfacerse, la creación de la entidad quedó sin piso jurídico, aunque la Corte otorgó un período de gracia para que el Congreso subsanara los errores. Ese plazo se agota.
El desenlace tiene dos lecturas. La primera es institucional y es la que más debería preocupar. Un ministerio bandera del Gobierno Petro, creado para coordinar políticas hacia mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos y personas con discapacidad, podría liquidarse no por decisión política sino por un defecto de forma. Es la clase de tropiezo que revela improvisación legislativa y que, como hemos visto en otras carteras del actual gobierno, termina pagándose con la interrupción de programas y la incertidumbre de los servidores públicos.
La segunda lectura es operativa. Aproximadamente 580 trabajadores están en el limbo. Organizaciones sindicales han señalado, según el reporte de Portafolio, que no existe claridad sobre reubicaciones, traslados o mecanismos de protección. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervendría para mitigar reclamaciones, y el Departamento Administrativo de la Función Pública orientaría la redistribución de empleos. El plan contempla que las funciones pasen a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, al Departamento Nacional de Planeación y a Prosperidad Social. La pregunta es si esas entidades, muchas de ellas saturadas, podrán absorber de manera efectiva una carga adicional sin que los beneficiarios terminen siendo los más perjudicados.
Hay un tercer componente que no debe perderse de vista. La Oficina de Planeación del Ministerio recopiló información sobre cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de compromisos de paz. Esa información quedaría en manos de un eventual liquidador. Es decir, el Gobierno reconoce que podría haber continuidad administrativa, pero no garantiza continuidad política. Las políticas públicas que dependían de esta cartera corren el riesgo de quedar a la deriva, fragmentadas entre cuatro o cinco entidades que no necesariamente comparten la misma prioridad.
Lo más grave es el precedente. Si el Congreso no alcanza a aprobar una solución legislativa en nueve días, el país verá cómo se desmonta una de las apuestas sociales más visibles del Ejecutivo por un error de trámite que era evitable. No estamos ante una discusión ideológica sobre la pertinencia del ministerio; estamos ante la crónica de un fallo anunciado.
El Gobierno Petro, que llegó al poder prometiendo transformar la institucionalidad, termina atrapado por su propia forma de tramitar las reformas. La Corte cumplió su papel al exigir rigor presupuestal. El Congreso, al dejar pasar los plazos, demuestra que la coordinación entre ramas del poder público sigue siendo una deuda pendiente. Y los 580 empleados, junto con las poblaciones beneficiarias, pagan los platos rotos de una discusión que nunca debió llegar a este punto.