La Fiscalía General de la Nación confirmó la reprogramación de la audiencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, inicialmente prevista para el 24 de julio, y trasladada para los días 18, 19 y 20 de agosto. El aplazamiento se produjo a solicitud de la defensa, según reportó Caracol Radio.
La diligencia se enmarca, de acuerdo con la información publicada por ese medio, en una investigación que incluye las masacres de El Aro (Ituango, 1997) y La Granja (Apto, 1996), el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la presunta conformación de un grupo paramilitar. Son hechos que el país conoce hace décadas y que, según la misma fuente, han atravesado múltiples instancias judiciales sin una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del exmandatario.
Conviene leer el movimiento con la cabeza fría. Reprogramar una audiencia no equivale a archivarla ni a exonerar al investigado. Es, por ahora, un cambio de fecha dentro del calendario procesal. La indagatoria es una etapa previa a cualquier decisión de fondo: en ella la Fiscalía escucha al indiciado, pone en su conocimiento los hechos investigados y, eventualmente, le recibe versión sobre los cargos que podrían formularse.
Lo que sí queda sobre la mesa es la magnitud del expediente. Las masacres de El Aro y La Granja fueron reconocidas por la justicia colombiana y por organismos internacionales como violaciones graves a los derechos humanos. El asesinato de Jesús María Valle, ocurrido en 1998, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia, de 2011, que ordenó investigar a los presuntos responsables materiales e intelectuales, proceso en el cual se indaga al expresidente Uribe según lo reportado por Caracol Radio.
Por eso el aplazamiento, aunque procesalmente legítimo, no puede leerse como un punto final. Tres audiencias en tres días consecutivos sugieren que el ente acusador pretende avanzar en un volumen considerable de hechos. La defensa, por su parte, ejercerá su derecho a solicitar tiempo razonable para preparar la versión, como corresponde en cualquier proceso penal.
La pregunta que queda abierta es de fondo: ¿qué pasará con un expediente que lleva casi tres décadas abierto? La prescripción, los cambios de jurisprudencia y la complejidad probatoria de hechos ocurridos en el contexto del paramilitarismo de los años noventa han sido, en otros casos, argumentos para cierres anticipados. Pero la gravedad de los hechos y los compromisos internacionales del Estado colombiano obligan a que la investigación avance con transparencia y con tiempos claros.
Por ahora, lo único cierto es la nueva fecha: 18, 19 y 20 de agosto. La ciudadanía, y en particular las víctimas de El Aro, La Granja y la familia de Jesús María Valle, merecen que esas audiencias se realicen, se documenten y produzcan decisiones judiciales con independencia de quién sea el investigado.
La justicia que se aplaza no es justicia que se niega, pero tampoco es justicia que llega. Es, simplemente, una promesa pendiente.