La discusión sobre aranceles en América Latina tiene algo de ritual agotado. Cada cierto tiempo reaparece la promesa de desmontarlos, de abrir fronteras, de consolidar el bloque regional que nos convertiría en potencia comercial. Y cada cierto tiempo la promesa se diluye en declaraciones ministeriales que no sobreviven al siguiente cambio de gobierno.
Lo que raramente se discute con la misma intensidad es el problema estructural que ningún arancel cero puede resolver: la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para coordinar políticas y resolver controversias. Podemos eliminar todas las barreras arancelarias que queramos, pero si no existe un sistema confiable para dirimir disputas comerciales, para armonizar regulaciones sanitarias o para garantizar el cumplimiento de acuerdos, el comercio seguirá dependiendo más de las relaciones personales entre presidentes que de reglas predecibles.
La experiencia europea debería servir de referencia, no como modelo a copiar sino como advertencia sobre lo que implica construir un mercado común real. La Unión Europea no es solo un espacio sin aranceles: es un entramado de instituciones supranacionales con capacidad vinculante, tribunales con jurisprudencia reconocida, mecanismos de resolución de disputas que funcionan independientemente de quién gobierne en cada capital. Esa arquitectura institucional tomó décadas en construirse y requiere voluntad política sostenida para mantenerse.
Nosotros, en cambio, hemos preferido la vía rápida: acuerdos firmados con entusiasmo, compromisos anunciados en cumbres presidenciales, protocolos que quedan en el papel. Cuando surge una disputa comercial real entre dos países del bloque, no existe un tribunal regional con autoridad efectiva para resolverla. Cuando un gobierno decide unilateralmente imponer restricciones que violan acuerdos previos, no hay consecuencias institucionales claras. El resultado es previsible: cada país actúa según su conveniencia inmediata, y la integración regional se convierte en eslogan para discursos.
El problema no es solo técnico. Es político en el sentido más profundo: implica ceder soberanía, aceptar que decisiones sobre comercio y regulación se tomen en instancias supranacionales, reconocer que un tribunal regional puede fallar en contra de los intereses nacionales inmediatos. Esa cesión de soberanía es precisamente lo que ningún gobierno latinoamericano ha estado dispuesto a hacer de manera seria y sostenida.
Mientras tanto, celebramos cada reducción arancelaria como si fuera un logro definitivo, ignorando que sin instituciones que la respalden, cualquier avance puede revertirse con el próximo cambio de administración. La integración real no se construye con declaraciones conjuntas sino con tratados vinculantes, tribunales independientes y mecanismos de cumplimiento efectivos.
La pregunta incómoda es si realmente queremos esa integración o si preferimos la comodidad de la retórica integracionista sin las obligaciones que implica. Porque desmontar aranceles es relativamente fácil. Construir instituciones regionales sólidas, aceptar su autoridad y sostenerlas en el tiempo es otra cosa completamente distinta. Y hasta ahora, hemos demostrado mucha más habilidad para lo primero que voluntad para lo segundo.
El nudo no se afloja porque seguimos tirando de la cuerda equivocada.