El Ministerio de Minas y Energía anunció en Puerto Carreño una inversión cercana a los 90.000 millones de pesos para proyectos solares y la promesa de una futura interconexión eléctrica con Venezuela. Para un departamento como el Vichada, que históricamente ha sufrido un déficit crónico de infraestructura y depende de sistemas aislados, cualquier inyección de recursos es una noticia positiva que debe reconocerse. Sin embargo, desde una perspectiva de seguridad hemisférica y estabilidad regulatoria, la propuesta de integrar redes con el sistema venezolano plantea interrogantes técnicos y geopolíticos que el gobierno nacional no puede eludir bajo la narrativa de la integración fraternal.
La asimetría institucional como riesgo
Desde esta columna hemos defendido el comercio y la cooperación regional como motores de desarrollo. No obstante, la integración energética no es un intercambio comercial convencional de bienes transables; es una cuestión de seguridad nacional y continuidad del servicio público. Mientras Colombia mantiene un marco regulatorio independiente, con una Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) técnica y un operador de mercado (XM) que garantiza transparencia, Venezuela opera bajo un modelo de control estatal absoluto donde la planificación energética responde a criterios políticos y no a señales de mercado.
Esta asimetría institucional es el verdadero cuello de botella. Conectar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) con la red venezolana sin antes establecer protocolos blindados de operación, mecanismos de pago en divisas convertibles y cláusulas de resolución de disputas internacionales, es exponer a la región oriental colombiana a la volatilidad de un vecino cuya generación hidroeléctrica depende de la gestión del embalse del Guri y cuya infraestructura de transmisión ha sufrido décadas de desinversión. La experiencia del gasoducto Antonio Ricaurte, paralizado desde 2019 tras años de incumplimientos contractuales y falta de mantenimiento del lado venezolano, debería servir como lección aprendida. Reintentar la integración sin corregir las fallas estructurales de gobernanza del otro lado de la frontera es repetir un error costoso.
Seguridad energética versus retórica diplomática
Es comprensible que el ministro Edwin Palma y el gobernador Fulberto Guevara presenten estos anuncios como hitos históricos. La realidad social de Puerto Carreño exige soluciones urgentes y la planta solar El Merey, con sus cinco megavatios de capacidad, es un paso concreto y verificable. Pero hay una diferencia abismal entre llevar energía solar a zonas no interconectadas y sincronizar frecuencias eléctricas con un país que no ofrece garantías de suministro confiable.
Según reportes de la industria y organismos multilaterales, la capacidad instalada venezolana ha caído significativamente en la última década, y sus reservas operativas son insuficientes para garantizar exportaciones estables en momentos de pico de demanda o sequía. Si Colombia diseña su planificación energética en la Orinoquía asumiendo un respaldo venezolano que materialmente no existe o que puede ser interrumpido por decisiones discrecionales de Caracas, estaremos importando vulnerabilidad en lugar de resiliencia.
Además, en el actual contexto hemisférico, la interdependencia energética con regímenes que no respetan el Estado de derecho conlleva riesgos de instrumentalización política. La energía no debe convertirse en moneda de cambio diplomático ni en herramienta de presión. Cualquier acuerdo de interconexión debe estar desvinculado de la coyuntura política bilateral y anclado exclusivamente en criterios técnicos y comerciales verificables por terceros independientes.
Lo que falta para una integración responsable
Para que la interconexión anunciada en Vichada pase de ser un titular a un proyecto viable, el Gobierno debe presentar antes que los trazados o los cronogramas, el marco jurídico y operativo. Esto incluye contratos tipo PPA (Power Purchase Agreement) con garantías internacionales, estudios de confiabilidad del sistema venezolano validados por entidades como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y un plan de contingencia claro para el desacople inmediato en caso de falla o incumplimiento.
Celebramos la inversión en energía solar para el Vichada y la voluntad de atender a las comunidades fronterizas. Pero la integración con Venezuela requiere el mismo rigor técnico y escepticismo saludable que aplicaríamos a cualquier socio comercial de alto riesgo. El atlantismo y la defensa del libre mercado que profesamos no implican cerrar los ojos ante realidades complejas; por el contrario, exigen que la cooperación regional se construya sobre cimientos sólidos de legalidad, transparencia y seguridad jurídica. Sin esos pilares, la interconexión será otro puente hacia la incertidumbre.