La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 27 exintegrantes de las Farc, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que tuvieron roles de mando en frentes y estados mayores de bloques. La entrevista de la magistrada Julieta Lemaitre a Cambio Colombia permite reconstruir el alcance de una decisión que pretende cerrar judicialmente medio siglo de confrontación armada en regiones donde el Estado no tuvo presencia efectiva.
La imputación se organiza en tres patrones macrocriminales documentados a partir de 37 informes de pueblos y municipios apartados. El primero agrupa crímenes en el contexto del control social y territorial: imposición de normas de convivencia, castigos por desobediencia, persecución a autoridades locales y masacres como la de la familia Turbay Cote en el año 2000, además de los asesinatos de concejales de Rivera (Huila) y Puerto Rico (Meta). Según reportó Cambio, Lemaitre explicó que existió una época en que las Farc buscaron expulsar a los funcionarios públicos de esos territorios, y que quienes no se iban eran desplazados o asesinados.
El segundo patrón corresponde a crímenes en contextos urbanos: Bogotá, Neiva, Villavicencio y Florencia. La magistrada diferenció la actuación rural, con combatientes uniformados que operaban como ejército, de la clandestinidad urbana, donde células de tres o cuatro personas ejecutaron atentados con explosivos y operativos de sicariato. El hecho más visible es la bomba al club El Nogal, pero el expediente incluye casas-bomba en Neiva, ataques en zonas rosas de Villavicencio y Florencia, los atentados contra Germán Vargas Lleras y el uso de rockets durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe en 2002.
El tercer patrón, que Lemaitre denominó “la guerra, guerra”, abarca crímenes cometidos en el desarrollo de hostilidades: tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, uso de cilindros bomba y tatucos, y ataques a personas fuera de combate. Incluye además una imputación conjunta con el macrocaso 11, que caracterizó la violencia sexual y reproductiva como dispositivo funcional al control territorial.
La JEP acreditó 2.436 víctimas, una cifra que la propia magistrada reconoció como “una proporción pequeña para lo que creemos que hay”. La subrepresentación responde, según declaró a Cambio, a que se trata de zonas donde la institucionalidad no había estado presente y donde hoy operan disidencias y estructuras paramilitares reagrupadas bajo otros nombres. Lemaitre admitió que hay partes del país “donde nosotros no podemos ir”. De los comandantes identificados en las cadenas de mando reconstruidas, “cerca de la mitad están muertos y una proporción menor se voló”, según declaró al mismo medio.
La imputación pone en evidencia una paradoja que el expediente reconoce: la justicia ordinaria no tuvo capacidad para investigar hechos ocurridos en regiones donde la guerrilla funcionó como autoridad de facto, disputando el negocio del narcotráfico con estructuras paramilitares bajo una lógica simultáneamente ideológica y criminal. Esa ausencia estatal es la misma que hoy limita la operación de la JEP.
El general Luis Mendieta, secuestrado en la toma de Mitú, ha expresado públicamente reparos a la Jurisdicción, según recordó Cambio. Es un recordatorio de que la legitimidad de la JEP no se mide solo por la cantidad de imputaciones, sino por la calidad de las reparaciones y la coherencia entre las sentencias y la gravedad de los hechos. La decisión sobre los 27 ex-Farc será una prueba de fuego para un sistema que aún debe demostrar que puede procesar la guerra sin trivializarla.