¿Qué exige una república cuando uno de sus deportistas más laureados muere en una vereda de provincia, no por la violencia política que tanto hemos estudiado, sino por un altercato en estado de embriaguez? La pregunta se impone con urgencia después de que el Tribunal Superior de Antioquia confirmara, en segunda instancia, la condena de 33 años y cuatro meses de prisión contra Edison Arley Posada por el homicidio de Marlon Alirio Pérez.
Según lo publicado por Vanguardia, los hechos que llevaron a la condena se registraron en la noche del 3 de octubre de 2024 en una zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia. La investigación de la Fiscalía, reproducida por el mismo medio, reconstruye una secuencia que no admite consuelo: horas de consumo de alcohol en un establecimiento comercial, un trayecto compartido hacia la vivienda de la víctima, una herida mortal en el cuello con arma blanca. El agresor habría cambiado de ropa para dificultar su identificación; fue capturado diez días después, el 13 de octubre, en un operativo conjunto entre Fiscalía y Policía. El tribunal consideró plenamente demostrada su responsabilidad y añadió veinte años de inhabilidad para ejercer derechos públicos.
No pretendo aquí una crónica procesal. El sistema judicial funcionó con la lentitud que le es característica pero llegó a destino. Me interesa, más bien, lo que Hannah Arendt denominó la banalidad del mal, aplicada a un contexto que debería inquietarnos: la violencia homicida en Colombia no distingue entre anonimato y reconocimiento. Marlon Alirio Pérez no murió como figura pública; murió como cualquier ciudadano en una vereda de Antioquia, víctima de una agresión que, según la información publicada por Vanguardia, no guarda relación con su condición de deportista ni con ninguna trama compleja. La trivialidad del móvil hace más insoportable el resultado.
El legado deportivo de Pérez merece recuperarse con la precisión que la memoria exige. Vanguardia detalla: campeón mundial juvenil en la prueba por puntos, Ecuador, 1994. Medalla de oro en contrarreloj, Juegos Panamericanos de Guadalajara, 2011. Campeón mundial de tándem paracycling como guía de Javier Serna, 2017. Seis etapas de la Vuelta a Colombia, tres títulos nacionales de contrarreloj. Participaciones olímpicas en Atlanta, Sídney y Atenas; guía en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Una trayectoria de tres décadas interrumpida a los 48 años en circunstancias que no honran a una res publica.
El problema, empero, no es exclusivamente colombiano. Tocqueville observó en la democracia americana una tendencia a la individualización de los riesgos que despoja a los ciudadanos de la solidaridad institucional. En el ámbito deportivo, esa tendencia se manifiesta en la precariedad que sigue a la gloria: el atleta retirado, especialmente en disciplinas de escasa rentabilidad mediática como el ciclismo de pista y el paracycling, queda expuesto a vulnerabilidades estructurales similares a las de cualquier trabajador informal. No contamos con cifras oficiales consolidadas sobre la situación de exdeportistas colombianos; la ausencia misma de ese registro es, mutatis mutandis, reveladora.
La pregunta inicial no puede responderse con políticas públicas genéricas. La seguridad ciudadana requiere, desde luego, presencia institucional en territorios como El Carmen de Viboral, donde la Fiscalía y la Policía demoraron diez días en capturar a un homicida que, según Vanguardia, no había huido lejos. Pero también exige reconocer que el prestigio deportivo no genera per se una red de protección efectiva. El Estado que celebra medallas en podios internacionales no siempre acompaña la vejez —prematura, en este caso— de quienes las conquistaron.
La condena ratificada por el Tribunal Superior es un acto de justicia necesario e insuficiente. El tribunal hizo su parte; los colombianos debemos interrogarnos sobre por qué un hombre que representó al país en cuatro Juegos Olímpicos y unos Paralímpicos terminó sus días en una vereda sin que su condición de figura nacional funcionara siquiera como escudo simbólico contra la violencia aleatoria. La respuesta, si existe, no la dará el derecho penal. La debería dar una política pública que trascienda la retórica de los héroes deportivos para ocuparse de sus vidas concretas.
Cuando esta columna se publique, habrá pasado ya un año desde el crimen. La ratificación de la pena cierra una etapa procesal; no cierra la pregunta.