La Ley 2576 del 25 de mayo de 2026 fue sancionada por el presidente Gustavo Petro con apoyo unánime del Congreso. Su propósito: honrar la memoria del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá el 11 de agosto de 2025 durante un evento político. Los tiempos parlamentarios fueron veloces. Ocho meses entre el crimen y la sanción de la norma.
La ley autoriza varios actos de reconocimiento. En el Capitolio Nacional se instalará una placa en la oficina que ocupó Uribe Turbay entre 2022 y 2025. El Salón de Medios, ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado, llevará su nombre. En Bogotá, el parque “El Golfito” en el barrio Modelia, donde ocurrió el atentado, será renombrado “Parque Miguel Uribe Turbay”. Un busto será inaugurado el 11 de agosto de 2026, coincidiendo con el primer aniversario del homicidio. El Archivo General de la Nación recopilará documentos, discursos y material histórico sobre su trayectoria. Cada 11 de agosto habrá actividades culturales en torno a la paz y su memoria.
El costo de la placa y el busto corre por cuenta del Senado. Las obras deben ejecutarse en plazo máximo de un año. El senador Jonathan Pulido impulsó la iniciativa.
Lo que merece observación es el consenso. En un Congreso fracturado, donde la polarización ha bloqueado iniciativas sobre reforma judicial, pensiones y salud, una ley de homenaje logró respaldo unánime. Eso dice algo sobre la naturaleza del acuerdo: no es controvertida porque no toca redistribución de poder ni recursos fiscales significativos. Es simbólica.
Pero ese mismo Congreso no ha mostrado velocidad ni unanimidad ante otras muertes de líderes políticos o sociales. Según reportes de la Fiscalía, entre 2020 y 2024 fueron asesinados más de 150 candidatos a cargos de elección popular en todo el país. Muchos de ellos fueron gobernadores, alcaldes, concejales, ediles. Algunos casos permanecen sin esclarecimiento. Otros, con autores identificados pero sin sentencia condenatoria. No ha habido ley de homenaje multipartidista para cada uno de ellos.
La pregunta que emerge es si el consenso responde al rango del fallecido—senador, precandidato presidencial del Centro Democrático—o a una convicción legislativa más profunda sobre la protección de candidatos y líderes políticos en contextos de violencia electoral. Si es lo primero, el mensaje es que algunos muertos merecen monumento y otros no. Si es lo segundo, cabría esperar iniciativas de igual envergadura para otros casos.
No se trata de minimizar el reconocimiento a Uribe Turbay. Su asesinato fue un acto de violencia política que afectó la competencia electoral. Merece investigación exhaustiva y memoria pública. Pero la velocidad y unanimidad de una ley de homenaje contrastan con la lentitud del Congreso para legislar sobre seguridad electoral, protección de candidatos, o esclarecimiento de crímenes contra líderes políticos de menor perfil.
El Congreso tiene capacidad de respuesta rápida cuando existe consenso. La Ley 2576 lo prueba. La pregunta que queda es por qué ese consenso no se activa con igual velocidad para otras prioridades legislativas que afectan la gobernanza democrática del país.
Según El Colombiano, la ley fue promovida por el senador Jonathan Pulido y contó con respaldo unánime en menos de ocho meses. Eso es un dato sobre la institucionalidad. También es un dato sobre sus límites.