El Congreso aprobó en conciliación el proyecto conocido como ley 55 Vidas, una iniciativa impulsada por los senadores Alejandro García (Alianza Verde), Paloma Valencia y Hernán Cadavid (Centro Democrático). Como reportó Caracol Radio, la norma introduce cambios en la regulación de la donación y el trasplante de órganos y tejidos en Colombia. La senadora Valencia afirmó, según la misma fuente, que la iniciativa permitiría que más de 4.000 colombianos en lista de espera pudieran acceder a un órgano. La cifra, si se corrobora con los registros del Instituto Nacional de Salud, dimensiona la urgencia.
El articulado aprobado introduce al menos seis modificaciones relevantes. El primero, y probablemente el más sensible desde el punto de vista técnico y ético, es el reconocimiento de la muerte por parada circulatoria como criterio válido para la donación, un debate que el país había postergado. El segundo refuerza la coordinación entre hospitales, IPS, EPS y las entidades responsables del proceso, que es donde históricamente se han presentado cuellos de botella. El tercero establece formación y certificación obligatoria para los coordinadores de donación y trasplantes, una figura clave que durante años ha operado con criterios heterogéneos. El cuarto articula el Sistema Nacional de Información con SISPRO, lo que en teoría debería cerrar las brechas de trazabilidad y asignación. El quinto crea programas permanentes de educación y promoción de la cultura de donación. Y el sexto garantiza el derecho a manifestar de manera expresa la voluntad de donar.
La lectura institucional del texto es favorable. Hay tres elementos que conviene destacar. Primero, el carácter bipartidista de la autoría: una Alianza Verde y un Centro Democrático confluyendo en un asunto de salud pública habla de los márgenes que aún existen para legislar por encima de la polarización. Segundo, la introducción del criterio de parada circulatoria pone a Colombia en línea con prácticas vigentes en buena parte de los sistemas sanitarios de referencia, lo que podría ampliar la disponibilidad de órganos. Tercero, la formalización de los coordinadores y su articulación con SISPRO apuntan a resolver un problema verificable en gacetas y reportes oficiales: la fragmentación de la información y la dependencia de decisiones clínicas locales sin protocolos uniformes.
Dicho esto, la columna también exige señalar lo que la ley no resuelve por sí sola. Una norma de coordinación y trazabilidad requiere, para operar, recursos presupuestales sostenidos, capacidad de auditoría del Instituto Nacional de Salud y reglas claras sobre la responsabilidad de las EPS cuando un paciente en lista de espera enfrenta dilaciones. La experiencia reciente con el sistema de salud muestra que aprobar estándares no basta si no se garantiza su cumplimiento. Habrá que seguir de cerca los decretos reglamentarios que se expidan en los próximos meses, especialmente los que definan tiempos máximos entre el reporte del potencial donante y la asignación del órgano, y los que regulen la interoperabilidad real entre las historias clínicas y SISPRO.
Otro punto que merece atención es la financiación. La promoción de la cultura de donación, la formación de coordinadores y la operación del sistema de información implican costos recurrentes que la iniciativa, según el reporte de Caracol Radio, no detalla. Sin una fuente cierta de recursos, el riesgo de que la ley se convierta en una declaración de buenas intenciones es real. El Ministerio de Salud y la ADRES tendrán que pronunciarse sobre la viabilidad financiera de los nuevos mandatos.
Finalmente, el componente de voluntad expresa del donante es un avance en términos de derechos del paciente, pero exige campañas serias, registros accesibles y procesos simplificados para que la decisión del ciudadano efectivamente se traduzca en oportunidad clínica. La donación no se incrementa por ley: se incrementa por confianza. Y la confianza se construye con información, con resultados transparentes y con un sistema que no le falle a quien espera.
Por ahora, el Congreso hizo su parte. Ahora le corresponde al Gobierno reglamentar con rigor y al sistema de salud ejecutar con seriedad.