El Senado aprobó en cuarto debate la Ley Nuclear, una iniciativa que reorganiza el sector y crea la Agencia Nacional de Energía Nuclear. La votación fue unánime en las cuatro rondas legislativas, un dato político relevante en un año electoral y en medio de la polarización que el país arrastra desde hace meses, según reportó Caracol Radio. El director de la Red Nuclear, Camilo Prieto, citado por ese mismo medio, calificó el consenso como un hecho excepcional.
El componente sanitario de la norma es, para efectos de este espacio, el más urgente. La ley abre la puerta a la construcción de un reactor capaz de producir radioisótopos para diagnóstico y tratamiento oncológico. Hoy, los radiofármacos que utiliza la medicina nuclear colombiana se importan desde Europa y Norteamérica, según la misma fuente. Esa dependencia quedó crudamente expuesta en noviembre de 2022, cuando una parada técnica simultánea en varios reactores internacionales habría generado escasez de insumos y retrasos en estudios y terapias para miles de pacientes, de acuerdo con el reporte.
La médica nuclear Emperatriz Angarita, citada por Caracol Radio, resumió el problema en términos operativos al señalar que se reduciría de forma considerable el tiempo para diagnosticar y atender a un paciente, en la medida en que el país no dependa de los calendarios de producción de fábricas extranjeras ni de la logística de transporte aéreo. La frase describe un cuello de botella que el sistema de salud colombiano conoce desde hace años.
El alcance clínico va más allá de los cánceres de tiroides, próstata y mama, que son los procedimientos donde la medicina nuclear es más frecuente, según el mismo artículo. Las mismas tecnologías tienen aplicaciones en neurología y cardiología, áreas con listas de espera crecientes. Una mayor disponibilidad de radiofármacos debería traducirse, en principio, en menor tiempo entre la sospecha diagnóstica, la confirmación y el inicio del tratamiento.
Quedan al menos tres tareas pendientes que el texto legislativo no resuelve por sí solo. La primera es regulatoria: la futura Agencia Nacional de Energía Nuclear debe definir criterios técnicos, sanitarios y de seguridad radiológica antes de que opere cualquier instalación. La segunda es financiera. Construir un reactor de investigación con capacidad de producción de isótopos médicos exige inversión pública sostenida, usualmente en el rango de cientos de millones de dólares, sin retorno comercial inmediato. La tercera es de talento humano: producir radioisótopos requiere físicos médicos, radioquímicos, ingenieros nucleares y personal clínico especializado, perfiles que Colombia forma en cantidades limitadas.
Según el reporte de Caracol Radio, citando a Camilo Prieto, el sector nuclear ya aporta cerca del 0,25 % del PIB y más de 40.000 empleos directos e indirectos, una cifra que pone en perspectiva el tamaño del ecosistema existente. Colombia, además, es el único país de América Latina con un reactor de investigación operativo y, paradójicamente, no produce isótopos de uso médico ni industrial, según la misma fuente.
Desde el punto de vista energético, la norma deja la puerta abierta para que la energía nuclear sea evaluada como complemento a las fuentes renovables ya incorporadas a la matriz eléctrica. La discusión queda pendiente, pero conviene recordar que cualquier decisión en esa dirección requerirá un debate técnico, regulatorio y ambiental separado, ajeno a las urgencias del sector salud.
Por ahora, el dato concreto es uno: Colombia tendrá un marco legal moderno para producir radiofármacos en territorio nacional. Si la implementación avanza con el mismo consenso que registró la aprobación parlamentaria, el sistema de salud podrá reducir una vulnerabilidad que se evidenció en 2022 y que, en cada escasez internacional, se traduce en pacientes esperando.