La ley seca vuelve a estar sobre la mesa. A menos de un año de las próximas elecciones, la discusión sobre la restricción al expendio de bebidas alcohólicas en jornada electoral se reabrió esta semana en Rounds FM, donde comerciantes y un exministro confrontaron posiciones sobre la utilidad de la medida.
El debate no es nuevo. Colombia aplica la prohibición desde hace décadas, con fundamento en el artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que faculta a los alcaldes para restringir el consumo y la venta de licor durante las votaciones. La medida se justifica oficialmente en la necesidad de preservar el orden público y evitar alteraciones cerca de los puestos de votación.
Los argumentos de los comerciantes, según reportó La FM, apuntan a un efecto económico directo: cierre de bares, restaurantes y tiendas durante 12, 24 o 48 horas, dependiendo del municipio, mientras los expendios informales operarían sin control. “Los negocios cierran y los clandestinos ganan”, resumieron los representantes del sector en el programa radial.
El exministro invitado, cuya identidad no fue precisada en la nota original, sostuvo en cambio que la restricción sigue siendo un instrumento disuasorio útil para reducir incidentes de intoxicación, violencia y compra de votos en zonas urbanas y rurales. La postura coincide con la línea histórica del Ministerio del Interior, que en pasados procesos electorales ha defendido la medida como una herramienta de coordinación con la fuerza pública.
La pregunta de fondo es de evidencia. No hay datos públicos consolidados que permitan afirmar que la ley seca reduzca de manera verificable la violencia electoral. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha documentado en distintos informes que los principales riesgos de las jornadas de votación no son las alteraciones por consumo de alcohol, sino la compra de votos, la presión de grupos armados en zonas rurales y el transporte de electores. Si el objetivo declarado es orden público, la medida apunta a un vector secundario.
El costo, en cambio, sí es cuantificable. Fenalco y Asoportugués han estimado en distintos años pérdidas para el sector gastronómico y de licor entre el 0,3% y el 0,5% de la facturación de un fin de semana electoral. Para pequeños establecimientos, un cierre de 24 horas puede representar entre uno y tres días de operación perdidos, sin compensación.
Hay además un problema de diseño institucional. La ley seca se aplica por decreto municipal, con duración y horarios variables. En 2022, por ejemplo, Bogotá prohibió la venta desde el viernes anterior a la votación hasta el lunes siguiente, mientras que municipios como Soacha o Girardot aplicaron ventanas más cortas. La heterogeneidad dificulta la planificación de los negocios y abre espacio para la discrecionalidad del alcalde de turno.
El Gobierno nacional, por ahora, no ha anunciado cambios. El Ministerio del Interior ni el Consejo Nacional Electoral se pronunciaron sobre el debate de Rounds FM, según la nota de La FM. La discusión, por tanto, sigue en el plano de la opinión.
Una política pública seria exige revisar la medida con datos: cuántas alteraciones se han registrado en municipios con ley seca frente a municipios sin ella, cuál es el costo fiscal y económico acumulado, y si hay evidencia de desplazamiento del consumo hacia canales clandestinos. Si los datos confirman utilidad, la medida debe ajustarse para reducir su impacto sobre el comercio formal. Si la desmienten, debe eliminarse.
Lo que no es admisible es mantener una restricción por inercia, sin evaluación y con costos asimétricos para los mismos de siempre: los pequeños comerciantes que cumplen la norma mientras el licor informal opera sin restricción.