La decisión del gobierno nacional de liquidar a Air-e, el comercializador de energía que atiende a más de 1,7 millones de usuarios en la costa Caribe, no es un evento aislado de gestión pública. Es la manifestación más reciente de una tensión estructural entre la ideología política y la realidad técnica del mercado eléctrico colombiano. Si bien la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios argumenta razones legales y financieras para la medida, el contexto macroeconómico y climático convierte esta intervención en un experimento de alto riesgo para la seguridad energética de la región y, por extensión, para la confianza inversionista en el sector.
Desde una perspectiva de mercado, la liquidación de un agente regulado en medio del Fenómeno de El Niño envía una señal de precio negativa a todo el ecosistema. La energía no es solo un servicio público; es un commodity financiero con contratos a futuro, garantías bancarias y flujos de caja descontados. Cuando el Estado interviene discrecionalmente bajo la premisa de que el modelo privado ha fallado, sin presentar simultáneamente un plan de transición solvente y capitalizado, el riesgo país se repricinga en las primas de seguro y en el costo de capital para futuros proyectos de generación y transmisión.
El costo oculto de la ideología
El problema central no es la existencia de mecanismos de insolvencia empresarial, que son normales en cualquier economía de mercado, sino la instrumentalización política de la crisis. La narrativa oficial sugiere que la liquidación es un paso hacia la “dignificación” del servicio, pero omite que la sostenibilidad del sistema eléctrico depende de la solvencia financiera de sus agentes. Según datos de la Superintendencia Financiera y reportes del sector, la cadena de pagos en la región Caribe ya presentaba tensiones antes de esta medida. Liquidar sin garantizar la continuidad operativa y financiera puede derivar en un efecto dominó sobre las generadoras térmicas que abastecen a esa zona, muchas de las cuales dependen de esos ingresos para cubrir sus obligaciones de combustible y mantenimiento.
En términos comparados, la región andina ha visto cómo la intervención estatal en servicios públicos, cuando carece de respaldo técnico y fiscal, termina subsidiando la ineficiencia con deuda pública. Los casos de Venezuela y Nicaragua, aunque en contextos autoritarios distintos, demuestran que la estatización forzada de redes eléctricas deficitarias no resuelve los problemas de cobertura ni de calidad; simplemente traslada el pasivo al balance del Estado y deteriora la capacidad de inversión futura. Colombia, con su marco institucional de centro-derecha y apertura comercial, debería ser la antítesis de ese modelo, no su imitación tardía.
Señales para la inversión y la región
Para los socios comerciales y financieros de Colombia, este episodio se lee en clave de seguridad jurídica. La Alianza del Pacífico y los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea se fundamentan en la premisa de que los servicios públicos están sujetos a reglas claras y no a voluntades administrativas coyunturales. Si la liquidación de Air-e se percibe como un precedente de intervención ideológica sobre criterios técnicos, podríamos ver un ajuste en las calificaciones de riesgo sectorial por parte de agencias como Fitch o Moody’s, y una mayor cautela en los desembolsos de bancos multilaterales para proyectos de transición energética.
Además, el timing es crítico. Con los embalses en niveles bajos y la demanda proyectada al alza por las temperaturas extremas, el sistema requiere máxima coordinación entre generadores, transmisores y comercializadores. Introducir una variable de incertidumbre institucional en este momento es, en términos de gestión de riesgo, equivalente a operar sin paracaídas. Los gremios han alertado sobre la posible suspensión del servicio, y aunque el gobierno garantiza la continuidad, la experiencia regional enseña que las garantías verbales no sustituyen los balances auditados ni los contratos vigentes.
La soberanía energética requiere mercado
Defender el Estado de derecho y la separación de poderes implica también defender la autonomía técnica de los reguladores frente al Ejecutivo. La Bitácora ha sido clara: cuando el gobierno acierta en política social, lo reconocemos. Pero cuando confunde la función reguladora con la gestión operativa directa, debemos señalar el peligro. La soberanía energética no se construye nacionalizando pérdidas, sino creando un entorno donde la inversión privada, nacional y extranjera, pueda financiar la expansión y modernización de la red bajo reglas estables.
La liquidación de Air-e puede ser jurídicamente correcta, pero estratégicamente costosa. El desafío para el Ministerio de Minas y Energía, y para la Superintendencia, es demostrar que esta medida es una excepción técnica y no el inicio de una nueva doctrina de intervención. De lo contrario, el apagón más peligroso no será el de los bombillos en Barranquilla o Santa Marta, sino el de la confianza en el mercado eléctrico colombiano. Y ese, a diferencia de los cortes rotativos, no se repara con un decreto.