El 13 de junio, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, distribuidora y comercializadora de energía que atiende a millones de usuarios en la Costa Caribe. La decisión se conoce tras cerca de dos años de intervención ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, período que el propio Gobierno reconoce no logró estabilizar financieramente a la compañía. Petro planteó que los activos de la empresa se integren con otra entidad pública de la región para configurar un operador común, según reportó La Opinión de Cúcuta.
La intervención sobre Air-e se había iniciado en octubre de 2023 con el objetivo declarado de garantizar la continuidad del servicio y sanear la situación patrimonial. Cumplidos los 19 meses, el saldo es una liquidación. La Contraloría General había alertado, según el mismo reporte de La Opinión, sobre el deterioro patrimonial de la empresa y pidió medidas urgentes para asegurar la continuidad operativa. En paralelo, la Procuraduría solicitó información detallada sobre los resultados financieros del proceso.
El sector eléctrico reaccionó con cautela. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió, según recogió La Opinión, que una liquidación sin resolver previamente las obligaciones pendientes con agentes del sector y otros acreedores podría generar implicaciones legales. La observación no es menor: cualquier proceso concursal arrastra pasivos laborales, deudas con generadores y compromisos con proveedores, todos los cuales deben satisfacerse en el orden de prelación que fija la ley.
El presidente vinculó la medida con su programa Colombia Solar, que según dijo ya comenzó a implementarse en Barranquilla y, de acuerdo con la información publicada por La Opinión, cuenta con $8 billones aprobados en vigencias futuras para expandirse por la Costa Caribe. La iniciativa promueve la autogeneración en hogares como mecanismo para reducir las pérdidas asociadas al no pago del servicio, un problema estructural de la región que ninguna intervención administrativa ha logrado revertir hasta ahora.
Quedan al menos tres interrogantes que el Gobierno no ha despejado. Primero, qué empresa pública absorberá los activos de Air-e y bajo qué condiciones patrimoniales se producirá la integración. Segundo, cómo se garantizarán los pagos a los acreedores durante el proceso liquidatorio, en particular a los generadores que han sostenido el flujo de energía mientras la distribuidora acumulaba pérdidas. Tercero, qué sucederá con la planta de personal y con los contratos vigentes con municipios y usuarios industriales. Cada uno de estos puntos tiene consecuencias regulatorias que deben tramitarse ante la Superservicios, la CREG y, eventualmente, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El anuncio también tuvo lectura política. Petro responsabilizó a los antiguos operadores y a sectores políticos de la región por la falta de inversiones en infraestructura. Según el reporte de La Opinión, el presidente afirmó en su mensaje en X que su propuesta de socialización nacional de pérdidas de energía habría sido bloqueada en el Congreso por congresistas caribeños y que también habría encontrado tropiezos en la justicia constitucional durante la emergencia económica. Se trata de una declaración presidencial que, hasta el momento, no aparece respaldada por una decisión judicial ni por un informe de autoridad competente que confirme esa caracterización de obstrucción legislativa.
La liquidación de Air-e no resuelve por sí sola el problema de fondo: la cartera morosa, las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema y la debilidad financiera del modelo de distribución en la Costa. Si la integración con otra empresa pública avanza sin un plan técnico y financiero verificable, la región cambiará de operador, pero no de crisis. La Superintendencia y la CREG tienen ahora la responsabilidad de vigilar que el nuevo esquema no se convierta en una segunda intervención fallida.