El general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, aseguró en diálogo con Caracol Radio que durante su gestión recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, en las que le pedía suspender procedimientos policiales con el argumento de no afectar la política de paz total. Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció una de esas llamadas —la relacionada con una protesta feminista en Bogotá— y negó las demás.
Lo que queda sobre la mesa no es una condena anticipada, sino una contradicción documentada entre dos versiones. Sanabria describe un patrón: llamadas posteriores a operativos concluidos, con tono de reproche y la invocación del proceso de paz como razón para no actuar. Sarabia admite un episodio y descarta cualquier injerencia en operaciones contra grupos armados ilegales. Entre ambas afirmaciones no hay, por ahora, un registro independiente que las confirme o las descarte.
Esta columna no pretende dirimir quién dice la verdad. Sí pretende señalar tres problemas que el episodio deja al descubierto.
Primero, la opacidad. Las llamadas entre un director de Policía y la jefa de gabinete no son un canal informal cualquiera. Si existieron y versaron sobre operativos en curso, deberían constar en algún registro institucional: la agenda del despacho, los partes de mando, las comunicaciones oficiales con la Dijín o las direcciones operativas. La Policía Nacional debería poder establecer con precisión cuándo se reunió Sanabria con Sarabia, qué temas se trataron y si hubo órdenes escritas o verbales. Hasta ahora, el silencio administrativo es la única respuesta.
Segundo, el uso instrumental de la paz total. La política de paz del Gobierno ha sido presentada como un proceso serio de sometimiento de estructuras criminales. Pero las declaraciones del exdirector sugieren un uso retórico: la paz como coartada para desactivar operativos que incomodan a determinados actores. Si esa práctica se repitió, no estamos ante una negociación legítima sino ante una interferencia política en la fuerza pública, que es justamente lo que la Constitución prohíbe en los artículos 218 y 219.
Tercero, la rendición de cuentas. Sanabria admitió la dificultad probatoria: “siempre se da la palabra del uno contra el otro”. Esa es la situación más grave. Un exdirector de la Policía formula denuncias graves sobre la conducción de la seguridad nacional y no existe un mecanismo institucional que las investigue de oficio. Ni la Comisión Segunda del Senado, ni la Procuraduría, ni la propia Policía han anunciado, hasta donde se conoce, una revisión interna de los hechos.
La embajadora Sarabia tiene derecho a su defensa y a que se presuma su buena fe. Pero el Gobierno no puede quedarse en el comunicado. Si las llamadas existieron y fueron inocuas, debe exhibir los registros que lo demuestren. Si no existieron, debe promover una investigación formal que establezca la responsabilidad de quien las invocó. Cualquiera de las dos rutas es preferible al silencio.
Porque el problema de fondo no es Laura Sarabia ni Henry Sanabria. Es la sospecha, cada vez más documentada, de que la política de seguridad se decide en llamadas que no quedan en ningún archivo. Una democracia no puede funcionar sobre conjeturas.