El Gaula Militar abatió en la vereda La Esperanza, jurisdicción de Belén de los Andaquíes (Caquetá), a Eider Quitora Olarte, conocido como alias Alexis Perdomo, señalado cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, disidencia de la Segunda Marquetalia con injerencia en municipios del Huila como Algeciras, Acevedo, Palestina y Suaza. La operación, según reportó La Nación de Neiva, se produjo cuando el presunto responsable citaba a comerciantes para exigirles dinero.
El resultado es, en términos militares, un golpe quirúrgico. Se leyeron tres personas que, según las autoridades, estaban siendo víctimas de extorsión, y se incautaron celulares, armas de fuego, equipos de comunicaciones, una granada y panfletos citatorios. La documentación material es, en sí misma, la prueba del modus operandi: el terrorismo económico funciona con citaciones escritas, no solo con balas.
Lo que la columna militar no resuelve es lo que la columna económica sí plantea. Quitora Olarte llevaba más de una década en la organización y, de acuerdo con las versiones recogidas por las Fuerzas Militares, administraba el principal flujo de caja de la estructura: las extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores del Caquetá y el Huila. Tres integrantes de la misma Comisión Óscar Mondragón se entregaron pocos días antes en la vereda El Carmelo, municipio de Acevedo, y relataron que los recursos eran manejados por el máximo cabecilla mientras los rangos bajos permanecían en condiciones precarias y, presuntamente, sometidos a maltratos. Habría ordenado, además, atentar contra ellos.
La radiografía es la de siempre: una guerrilla que se financia con el bolsillo del productor rural, con la cuota que paga el transportador para que su camión no sea incinerado y con el aporte que el comerciante entrega para que su negocio pueda abrir al día siguiente. Mientras esa economía criminal no se sustituya, los cabecillas son reemplazables. La estructura Teófilo Forero Castro lo demuestra: la Segunda Marquetalia ha perdido mandos medios en los últimos meses y, sin embargo, la máquina de la extorsión sigue produciendo.
Hay un segundo punto que el Huila y el Caquetá no pueden seguir aplazando. El artículo de La Nación menciona que alias Alexis Perdomo estaría relacionado con el secuestro del ingeniero Charly Sebastián Ospina Marroquín y del abogado Diógenes Sánchez Preciado, desaparecidos desde el 11 de mayo tras salir de Neiva hacia Guayabal. Si esa línea se confirma, la operación de Belén de los Andaquíes no fue solo un golpe financiero: fue la neutralización de un presunto responsable de dos desapariciones forzadas que aún no tienen respuesta judicial. La Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas deberían, como mínimo, abrir expediente con base en los elementos materiales recuperados.
Y un tercero. La operación fue posible, según el reporte, gracias a información de la comunidad. Esa es la única noticia estructuralmente buena de todo el episodio. Sin denuncia ciudadana no hay Gaula que llegue a tiempo a La Esperanza. El Estado debe proteger a quienes entregan esa información, porque en las zonas donde opera la Segunda Marquetalia hablar tiene consecuencias. La columna vertebral de la lucha contra la extorsión no es el helicóptero artillado: es la confianza de un comerciante en que su denuncia no le costará la vida.
La muerte de un cabecilla financiero siempre es celebrada con razón. Pero celebrarla sin medir lo que sigue es un error táctico. La Segunda Marquetalia no es un nombre en un organigrama: es una red de cobro que opera en al menos cuatro municipios del Huila y en buena parte del Caquetá. Mientras esa red tenga clientes cautivos, habrá siempre un nuevo Alexis Perdomo dispuesto a sentarse en la silla que dejó Quitora Olarte.
La tarea pendiente no es solo militar. Es fiscal, es judicial y, sobre todo, es de política pública rural. Sin sustitución real de las economías de extorsión, los golpes al cabecilla son apenas recortes de prensa.