El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró a la revista Semana que José Manuel Sierra Sabogal, conocido como alias Zarco Aldinever, murió en los Llanos Orientales a manos de alias Pablito Arauca, comandante del ELN. Según la versión del funcionario, el cuerpo fue arrojado al río Arauca y la información proviene de fuentes que calificó como “bastante confiables”.
La afirmación tiene peso político, pero deja un vacío judicial considerable. Zarco Aldinever fue señalado como el presunto determinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un hecho que conmocionó al país y que abrió una investigación penal en la que la Fiscalía tenía la responsabilidad de identificar autores materiales e intelectuales, establecer la cadena de mando y llevar el caso hasta sentencia. Si la muerte se confirma de manera formal, la justicia colombiana pierde al principal sospechoso de uno de los crímenes más graves de los últimos años.
Lo que resulta preocupante no es solo el hecho en sí, sino la forma en que se conoció. Patiño no es la Fiscalía General de la Nación ni un juez de la República. Es un funcionario del Ejecutivo encargado de la política de paz. Que sea él quien, desde una entrevista, confirme la muerte de un señalado cabecilla vinculado a un magnicidio evidencia dos cosas. Primero, que el expediente sobre el crimen de Uribe Turbay avanzó más por filtración periodística que por comunicación institucional de los órganos de investigación. Segundo, que el Gobierno parece estar utilizando la información sobre grupos armados como insumo político, sin reparar en que esa misma información debería estar protegida por la reserva del sumario.
La Segunda Marquetalia, a la que pertenecía Zarco Aldinever, atraviesa según Patiño una pérdida de cohesión tras la salida de su antigua cúpula, encabezada por alias Iván Márquez. El alto comisionado aseguró que Márquez continúa con vida, pero con limitaciones de salud que le impedirían ejercer funciones de mando. De ser cierto, el grupo armado ilegal más cercano al gobierno en la mesa de negociación estaría en un proceso de fragmentación interna, lo cual debilita cualquier interlocución y reduce los márgenes de un acuerdo estable.
A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro de los procesos de paz. Patiño reconoció que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella no ha establecido contacto para conocer el estado de las negociaciones ni ha designado un equipo de empalme. El presidente electo, según recordó el comisionado, fijó un ultimátum de 30 días para que los grupos armados se sometan a la justicia, un plazo que el propio Patiño consideró insuficiente. La preocupación manifestizada por el funcionario sobre las comunidades en los territorios es válida, pero no exime al Gobierno saliente de haber construido una política de paz sin garantías claras de continuidad.
Mientras tanto, el país sigue esperando que la Fiscalía entregue resultados concretos sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La muerte de un sospechoso, sobre todo cuando ocurre en zona de presencia de otro grupo armado ilegal, no puede convertirse en el cierre de un expediente. La justicia colombiana tiene la obligación de esclarecer qué ocurrió, quiénes participaron y qué estructuras se beneficiaron del crimen. La confirmación extraoficial de Patiño no sustituye una investigación seria ni una imputación formal. Es, en el mejor de los casos, un dato pendiente de verificación judicial.
La institucionalidad se defiende con expedientes, no con entrevistas.