La muerte de Johan Sebastián Durán en Biddeford, Maine, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), es una tragedia humana que demanda una respuesta estatal impecable. Sin embargo, la reacción inicial del presidente Gustavo Petro, al calificar el hecho como un “asesinato” y exigir castigo inmediato antes de que concluyan las investigaciones forenses, plantea riesgos diplomáticos considerables. En un momento donde la relación Bogotá-Washington atraviesa tensiones estructurales, la defensa de los connacionales exige precisión jurídica y no improvisación discursiva.
Como bumangués, entiendo el dolor que recorre a Santander y a la comunidad migrante. Pero como analista de relaciones hemisféricas, debo señalar que la protección efectiva de un ciudadano en el exterior depende del respeto irrestricto al debido proceso en la jurisdicción anfitriona. Al anticipar un veredicto de culpabilidad contra agentes federales estadounidenses y evocar los juicios de Nuremberg, el Ejecutivo colombiano corre el peligro de politizar un caso que actualmente está bajo escrutinio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía estatal de Maine. Esta estrategia puede ser contraproducente: otorga munición a sectores nativistas en Washington y podría endurecer la postura de las agencias de seguridad, justo cuando se necesita cooperación técnica para esclarecer los hechos.
La evidencia técnica sobre la narrativa
La versión oficial del ICE sostiene que el agente abrió fuego porque Durán intentó usar su vehículo como arma. Testigos y material audiovisual sugieren una dinámica distinta, con el auto desplazándose sin control tras los disparos. Esta discrepancia es la clave del caso y solo se resolverá con peritajes balísticos, análisis de telemetría vehicular y revisión de cadenas de custodia, no con mensajes en redes sociales.
La Embajada de Colombia en Washington ha actuado correctamente al solicitar información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y brindar asistencia consular. Ese es el camino institucional. La defensa de los derechos de un migrante, incluso si este contaba con permiso de trabajo vigente como afirma su familia, se gana en los tribunales y mediante la presión diplomática silenciosa y fundamentada, no mediante la confrontación mediática. Recordemos que, según datos de la Migration Policy Institute, hay más de 250.000 colombianos en Estados Unidos sin estatus regular; cada declaración presidencial tiene efectos sistémicos sobre esta población.
El costo de la instrumentalización
Es legítimo cuestionar el uso de la fuerza por parte de agencias migratorias. Organizaciones como Americas Society y el Cato Institute han documentado patrones de excesos en operativos del ICE que merecen revisión. No obstante, existe una diferencia abismal entre exigir transparencia y rendición de cuentas dentro del marco legal estadounidense, y declarar unilateralmente que se trató de un crimen de Estado motivado por odio racial.
Al invocar Nuremberg, se establece una equivalencia moral que, además de ser históricamente inexacta para este contexto específico, debilita la posición negociadora de Colombia. Si el gobierno busca proteger a sus migrantes, debe fortalecer la capacidad técnica de sus consulados y financiar defensa legal de primer nivel, en lugar de depender de la retórica. La administración Trump, caracterizada por su sensibilidad ante lo que percibe como injerencia extranjera, difícilmente responderá a exigencias públicas con concesiones; es más probable que responda con reciprocidad negativa en otros frentes de la agenda bilateral, como la cooperación antidrogas o los visados.
Proteger sin polarizar
La muerte de Durán no puede convertirse en un peón de la polarización doméstica ni internacional. Lo que necesita la familia y la comunidad migrante es certeza jurídica. Si hubo uso excesivo de la fuerza, la evidencia debe demostrarlo en un tribunal federal, no en la plaza pública. Si el agente actuó bajo protocolo, también debe establecerse con rigor.
Colombia debe mantener su postura atlantista y pro-institucional incluso cuando las instituciones del aliado fallan. La crítica constructiva y basada en hechos es la única herramienta sostenible para defender los intereses nacionales en un entorno hemisférico cada vez más complejo. La diplomacia de la indignación genera titulares efímeros; la diplomacia forense salva vidas y garantiza justicia. En este caso, como en tantos otros que vinculan a nuestra región con Washington, la sobriedad no es opcional: es la única estrategia viable para honrar la memoria de quien partió buscando oportunidades y encontró la muerte.