Quedan menos de dos semanas para la instalación del nuevo Congreso y el gobierno electo de Abelardo De la Espriella ya puso nombres sobre la mesa. El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que vería “con muy buenos ojos” la llegada del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, y del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, a las presidencias de Senado y Cámara, según reportó El Colombiano.
La operación aritmética es compleja. El Ejecutivo entrante parte del respaldo del Centro Democrático —la segunda bancada más numerosa—, Cambio Radical, Creemos y Salvación Nacional, y tendría acuerdos prácticamente cerrados con el Partido Conservador y el Partido de la U. Aun sumando esos bloques, las cuentas no cierran. El Congreso que se instala el 20 de julio será uno de los más fragmentados de los últimos años, y en la Cámara la negociación se hará representante por representante, con el peso de las demandas regionales como variable central, como lo describió El Colombiano.
Lara fue explícito en un punto con consecuencias políticas mayores: las conversaciones excluyen a las colectividades que se declaren en oposición. El Pacto Histórico, fuerza más numerosa en Senado y Cámara, queda por fuera de la mesa de mayorías. Esa exclusión, como informó El Colombiano, recoloca la disputa por las presidencias de las comisiones —especialmente la Primera, la Tercera y la Cuarta— como el verdadero campo de batalla del nuevo periodo legislativo. Allí se tramitarán las reformas constitucionales y los asuntos presupuestales, y su distribución definirá el tono de la agenda entrante.
El designado ministro también intentó marcar distancia con la vieja política. Aseguró que la construcción de mayorías no pasará por el reparto tradicional de cargos, aunque abrió la puerta a concertar asignaciones presupuestales para las regiones de los congresistas, siempre que los acuerdos sean públicos y dentro de la ley. Es una fórmula conocida: se reemplaza el nombre del cargo por la obra visible, y se le pide al legislador que la geste ante su electorado.
¿Qué tanto margen tiene el gobierno entrante para garantizar gobernabilidad con un Congreso así de fragmentado y con el principal partido de oposición excluido de la mesa? La respuesta, como suele ocurrir en Colombia, dependerá menos de los principios declarados y más de la ingeniería concreta de los acuerdos.
Mientras en el Capitolio se mueven las fichas de la nueva mayoría, el presidente Gustavo Petro prepara su propio 20 de julio. Anunció que su último discurso como jefe de Estado no será en la Plaza de Bolívar sino en Bosa y Ciudad Bolívar, y convocó movilizaciones en las plazas públicas del país para defender las reformas de su administración. La decisión, según El Colombiano, rompe la secuencia protocolaria de las transiciones presidenciales: la jornada del 20 de julio, que en condiciones normales marca el relevo con la salida protocolaria del jefe de Estado saliente, quedará desdibujada por una movilización paralela.
Lo que se ve es un país que se prepara para un relevo con dos lecturas simultáneas. En el Capitolio, Lara intenta asegurar los votos para que De la Espriella gobierne con pie derecho. En las calles, el presidente saliente busca convertir su último día en la Casa de Nariño en una demostración de fuerza política. Las dos apuestas ocurrirán el mismo día, en el mismo país, y medirán algo que ninguna encuesta anticipa con precisión: la capacidad real de cada movimiento para traducir adhesiones en poder institucional.
La fragmentación del Legislativo y la debilidad de las lealtades partidistas hacen que esta elección de mesas directivas sea menos protocolaria que de costumbre. Quien logre presidir la Comisión Primera en los próximos cuatro años decidirá qué reformas constitucionales avanzan y cuáles mueren en primer debate. Por eso, más que la bendición a Deluque o a Briceño, lo que se juega en estas semanas es la ingeniería que determinará la gobernabilidad del período 2026-2030.