La eliminación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, en el estado Bolívar no debe interpretarse solo como un éxito táctico contra el crimen transnacional. Según reportes de Vanguardia y confirmación de autoridades estadounidenses, la operación fue ejecutada por el Comando Sur con coordinación explícita de las fuerzas de seguridad venezolanas. Este hecho marca un punto de inflexión: Caracas habría dejado de funcionar como un santuario intocable para convertirse en un escenario de negociación pragmática con Washington. Para Colombia, esta reconfiguración altera los cálculos de seguridad en la frontera y modifica el costo de oportunidad de tolerar grupos armados en territorio vecino.
Una cooperación que trasciende la retórica
La cronología reciente es elocuente y ha sido documentada por diversos medios regionales. En menos de seis meses, se han registrado acciones contra tres objetivos de altísimo valor con acceso a inteligencia precisa en terreno venezolano. Esta secuencia, que incluye la captura de Nicolás Maduro en enero, la detención de Álex Saab en mayo y ahora la neutralización del líder del Tren de Aragua, sugiere una cooperación que va más allá de los canales diplomáticos tradicionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el operativo se realizó en colaboración directa con las autoridades venezolanas.
Ante esta evidencia, surge una pregunta ineludible sobre la dinámica interna del poder en Venezuela: ¿estamos ante un canje de activos criminales por supervivencia política y alivio económico por parte de la administración de Delcy Rodríguez? Un analista de seguridad consultado por El Tiempo señaló que ‘Niño Guerrero’ y su organización habrían sido funcionales al aparato estatal venezolano durante años, ejecutando incluso encargos políticos como el caso del disidente Ronald Ojeda en Chile. Si bien estas acusaciones requieren verificación judicial plena, la disposición de Caracas a permitir la acción estadounidense indica que la utilidad de estos grupos como activos asimétricos habría sido superada por la necesidad de legitimación internacional. No estaríamos ante una derrota militar del crimen organizado, sino ante una reconfiguración de alianzas donde la protección estatal se retira cuando el costo geopolítico supera el beneficio interno.
El riesgo inmediato para la seguridad colombiana
Esta dinámica genera una presión directa sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la Segunda Marquetalia. Si la actual administración venezolana está dispuesta a entregar al Tren de Aragua para demostrar cooperación a Washington, la protección a los grupos colombianos en territorio vecino entra en una zona de incertidumbre crítica. Expertos advierten que estas organizaciones siguen operando bajo amparo venezolano, pero su estatus podría cambiar si se exigen nuevos gestos de colaboración.
Para Bogotá, esto representa un desafío complejo. Por un lado, la degradación de estas estructuras en Venezuela facilitaría la seguridad en departamentos como Arauca, Vichada y Guainía. Por otro, la pérdida de sus zonas de retaguardia estratégica podría empujar a estos grupos hacia una ofensiva desesperada en territorio colombiano o hacia una fragmentación que complique cualquier proceso de negociación. La política de seguridad del gobierno Petro debe recalibrarse ante esta nueva realidad: los interlocutores armados ya no contarían necesariamente con la garantía territorial que tenían hace un año.
Lecciones de realismo hemisférico
La operación contra ‘Niño Guerrero’ también deja una lección sobre los límites de la soberanía en la era de la competencia estratégica. La designación del Tren de Aragua como organización terrorista por parte de la administración Trump permitió habilitar herramientas militares que antes estaban reservadas para conflictos estatales, marcando un precedente operativo en la región andina.
Sin embargo, desde una perspectiva institucionalista y pro-mercado, debemos ser cautos. La cooperación basada en transacciones tácticas con regímenes en transición es inherentemente volátil. La estabilidad duradera no vendrá de operaciones selectivas, sino de la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela y de una integración de seguridad regional que no dependa exclusivamente de la voluntad política de Washington o de los cálculos de supervivencia de Caracas. Colombia debe aprovechar esta ventana de oportunidad para fortalecer su propia capacidad estatal en la frontera, entendiendo que la geopolítica actual premia a quienes tienen instituciones sólidas y no solo a quienes tienen aliados coyunturales.
La muerte de ‘Niño Guerrero’ cierra un capítulo del narcoterrorismo hemisférico, pero abre uno nuevo donde la seguridad de Colombia dependerá de qué tan rápido podamos adaptar nuestra estrategia a un vecino que ha decidido, presuntamente por necesidad, dejar de proteger a quienes antes albergaba.